La Cámara Federal de Casación Penal anuló la suspensión del juicio que beneficiaba a 21 imputados en la causa por el desvío de vacunas Sputnik V en la provincia de Chubut. Entre los afectados se encuentra Jorge Taboada, segundo al mando de Hugo Moyano en la Federación Nacional de Camioneros, junto con otros dirigentes y afiliados gremiales.
La resolución, firmada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, revocó la decisión previa del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que había suspendido el proceso. De esta forma, los acusados deberán afrontar un juicio oral y público bajo la acusación de encubrimiento.
El contexto
El caso se originó en enero de 2021, cuando se detectó la desaparición de 30 dosis de la vacuna Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La investigación reveló que los dirigentes accedían a las vacunas a través de un circuito irregular, pagando sumas que oscilaban entre 400.000 y 3.000.000 de pesos, pese a no formar parte del personal sanitario.
En etapas anteriores del proceso, ya fueron condenados la enfermera Analía Muñoz, quien recibió una pena de tres años en suspenso por hurto y cohecho pasivo, y Marcos Paura, empleado de la obra social, sentenciado a dos años y medio por cohecho activo.
En cuanto a los fundamentos de la Cámara de Casación, los jueces señalaron que la oposición del fiscal general Teodoro Nürnberg a la suspensión del juicio era válida y debía ser respetada. El tribunal recordó que la probation no es aplicable en casos relacionados con delitos de corrupción o salud pública, debido a que afectan la reputación del Estado.
Además, enfatizaron los compromisos internacionales asumidos por Argentina para combatir la corrupción y manifestaron que “estos hechos deben ventilarse en juicio oral, de cara a la sociedad”.
Desde la defensa, el abogado de Jorge Taboada, Guillermo Iglesias, cuestionó el proceso judicial y afirmó que no existen pruebas directas que vinculen a su cliente y a los demás acusados con el robo de las dosis. Iglesias sostuvo que la causa se basa en inferencias y que tiene motivaciones políticas.
Este caso forma parte del debate nacional sobre los llamados “vacunatorios VIP” ocurridos durante la pandemia y se desarrolla en un contexto político marcado por las tensiones con el gobierno de Javier Milei. Con esta decisión, la causa vuelve al Tribunal Oral Federal, que deberá decidir si los 21 imputados enfrentan un juicio completo o si algunos pueden acceder a beneficios limitados.
