Federico Andrés Machado, empresario aeronáutico nacido en Carmen de Patagones en 1968 y residente en Estados Unidos durante más de 30 años, presentó el 22 de diciembre de 2021 un pedido formal para ser reconocido como refugiado en Argentina. Este trámite fue realizado ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) con el objetivo de impedir su extradición al Distrito Este de Texas, donde enfrenta una investigación por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
En su solicitud, Machado afirma ser víctima de persecución por parte del gobierno estadounidense y denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en procesos judiciales federales contra imputados latinoamericanos vinculados a causas de drogas. Para fundamentar su pedido, invoca la Ley 26.165 (Estatuto del Refugiado), la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, y sostiene que no cuenta con garantías para un juicio justo en EE.UU.
El empresario, que reside en Viedma, Río Negro, actúa con el asesoramiento de los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin. Relata que fue forzado a cooperar con las autoridades estadounidenses bajo amenaza de prisión perpetua, tras entrevistas con agentes de Homeland Security, Jack Stevens y Justin Marshall, y el fiscal Ernest González. Según el expediente texano, se le acusa de integrar una conspiración internacional relacionada con fraude en aeronaves y tráfico de estupefacientes.
Su recorrido
Machado emigró a Estados Unidos a los 21 años, donde trabajó y estudió para piloto, dedicándose luego a la venta y financiamiento de aeronaves corporativas con foco en el mercado latinoamericano desde Fort Lauderdale, Florida. En 2016, impulsó el proyecto “Minas del Pueblo” en Guatemala, que combina minería con programas sociales y, según afirma, benefició a unas 25.000 personas.
El 24 de septiembre de 2020, un agente de Homeland Security lo contactó desde Guatemala para proponerle colaborar debido a su conocimiento regional y perfil hispanoparlante. Dos días después, en una reunión en un edificio sin identificación oficial en la capital guatemalteca, se le plantearon vínculos entre aeronaves de su negocio y operaciones de narcotráfico. Machado entregó voluntariamente sus dispositivos electrónicos y al día siguiente le notificaron cargos por conspiración.
Tras trasladarse a Texas y bajo consejo de su abogado local, firmó un “acuerdo de cooperación” con la fiscalía, que le advirtió que la cooperación era la única manera de evitar imputaciones por múltiples delitos. Machado denuncia que esta cooperación fue en realidad una extorsión, con presiones para simular conversaciones y aportar información incluso infiltrándose en zonas conflictivas de Guatemala. También rechazó firmar un documento para levantar el secreto profesional de su defensa.
Como prueba de su relato, adjuntó una pericia de polígrafo favorable, realizada por el exanalista de inteligencia Ryan/Eric J. Holden, junto con certificados médicos y psiquiátricos que evidencian depresión, estrés postraumático y riesgos para su salud mental si es enviado a EE.UU. Además, cuenta con una resolución de prisión domiciliaria dictada por un juzgado federal de Neuquén.
Un punto central del expediente es la relación comercial con Debra Lynn Mercer-Erwin, vinculada a un fideicomiso aeronáutico en Oklahoma y a la operadora Aircraft Guaranty Corporation (AGC). Machado admite haber canalizado fondos de nueve inversores para depósitos de compra de aeronaves, señalando que esa conexión fue usada por los agentes para asociarlo con narcotráfico.
Mientras la justicia texana condenó a Mercer-Erwin por fraude, lavado y drogas, Machado intenta desligarse de esos cargos, negando exportaciones ilegales y explicando que mensajes de texto considerados incriminatorios eran bromas conocidas por las autoridades. Solicita que la FAA confirme la titularidad y estatus legal del avión Challenger 604 (N770SW) como prueba de la ilegalidad del pedido en su contra.
El empresario argentino reclama protección como refugiado pese a su nacionalidad, apelando a una interpretación “pro homine” del derecho internacional para personas con residencia habitual en el extranjero y vínculos familiares en el país donde enfrenta el proceso. Sostiene que la única vía para evitar la extradición es el refugio, debido a la falta de garantías y el riesgo de trato discriminatorio por ser latinoamericano.
La documentación
En su defensa, Machado cita antecedentes de la “guerra contra las drogas” y reportajes periodísticos que documentan irregularidades en operativos binacionales. Ofrece como testigos a su abogado Dan Guthrie, al perito del polígrafo, a profesionales de la salud, y a funcionarios estadounidenses involucrados en su caso.
Entre las pruebas aportadas figura un registro contable del fideicomiso aeronáutico donde consta un pago por US$200.000 al economista y político argentino José Luis Espert, una pieza controvertida que fue incorporada en una denuncia por lavado de activos en Argentina. Aunque Espert no respondió a consultas y negó conocer actividades ilícitas, admitió un vuelo compartido con Machado en 2019.
La campaña presidencial de Espert en 2019 también mostró vínculos logísticos con el círculo de Machado, incluyendo el uso de aeronaves y un vehículo vinculado a un empresario allegado al empresario aeronáutico. Un incidente con ese vehículo en agosto de 2019 expuso públicamente esa conexión.
A casi cuatro años de su pedido de refugio, la situación de Machado permanece en un limbo judicial. En 2022, un juez federal de Neuquén autorizó su extradición, pero la Corte Suprema de Justicia suspendió el proceso en 2024 tras un recurso de la defensa. Actualmente, Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma, protegido por la inacción del máximo tribunal argentino.
