El Gobierno Nacional puso la lupa sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), iniciando una ofensiva legal y administrativa para desmantelar su sistema de contrataciones. Tras recibir de la Justicia los archivos incautados por el caso de los audios de Diego Spagnuolo, el Ejecutivo confirmó que la auditoría avanza sobre un esquema donde se sospechan sobreprecios millonarios y un manejo discrecional de fondos.
En la Casa Rosada confirmaron que ya tienen en su poder los documentos extraídos en los allanamientos, un arsenal de facturas de compras a droguerías que revela un circuito fuera de control, según precisó el medio Todo Noticias. Estas adquisiciones de medicamentos se realizaron sin la debida trazabilidad del Ministerio de Salud y, crucialmente, sin registro en los portales públicos.
La falla del sistema a la que apunta el Gobierno
El equipo legal del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, debió realizar gestiones especiales ante la Justicia para que el interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, pudiera acceder a las copias de la documentación que ahora debe auditar.
La principal hipótesis de la investigación apunta a una maniobra para evadir los controles. En lugar de establecer un contrato formal para grandes volúmenes de medicamentos (como con la droguería Suizo Argentina), los responsables habrían aplicado diversas "compulsas de precios" de forma consecutiva, fragmentando la compra para ocultar el volumen y el costo real de las operaciones.
Esta técnica no solo oscurece la trazabilidad, sino que es la vía predilecta para la existencia de sobreprecios, algo que el Gobierno afirma tener indicios. La respuesta del Ejecutivo es una reforma de fondo: la intención es derribar el esquema autárquico de contrataciones de la ANDIS. El plan es que todas las compras pasen a depender directamente del Ministerio de Salud, eliminando la capacidad de decisión independiente del organismo.
Además, el Gobierno busca un cambio sustancial en la operatoria: ejecutar las compras de medicamentos de forma directa a los laboratorios, eliminando a los intermediarios y buscando así reducir costos y aumentar la transparencia.
El esqueleto de la ANDIS
Con un presupuesto asignado de $3,74 billones y una planta de 921 empleados, la ANDIS es una estructura masiva que el Ejecutivo busca redimensionar. La auditoría, que también abarca la polémica derogación de pensiones por invalidez de los últimos meses, tiene un plazo máximo de seis meses, aunque se espera que los primeros resultados no se publiquen hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La mira de la Casa Rosada no se detiene en los medicamentos; abarca otros contratos multimillonarios bajo revisión, desde los $1.774 millones adjudicados a La Mantovana por limpieza, hasta los $26.635 millones de la cobertura con Nación Seguros, y la contratación directa por $105 millones para la vigilancia de la Policía de la Ciudad.
