El Gobierno Nacional presentó un documento que promete ser la mayor revolución judicial en cien años: la reforma integral del Código Penal. El texto, que reemplazará al de 1921, fue calificado por el Presidente como el fin de "años de garantismo" que, según el Ejecutivo, permitió la impunidad y dejó a jueces y fuerzas de seguridad atados de manos.
El nuevo proyecto se articula bajo la promesa de “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”, utilizando tres pilares innegociables: la baja radical de la edad de imputabilidad, el endurecimiento extremo de las penas y la tipificación de un arsenal de nuevos delitos que van desde la estafa con IA hasta la “pornovenganza”.
De los 16 a los 13: el choque de la imputabilidad
La medida más controversial, y que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargó de confirmar desde el penal de Ezeiza, es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta decisión marca un quiebre ideológico con la doctrina actual y pone el foco en la responsabilidad penal temprana.
Pero el rigor no se detiene allí. La reforma busca terminar con la "puerta giratoria" de la Justicia al eliminar el beneficio de la libertad condicional para condenados por hechos de especial gravedad y reincidentes. En los pasillos del Ministerio de Seguridad aseguran que, con el nuevo marco, ocho de cada diez delitos tendrán cumplimiento efectivo de la pena, gracias al aumento de los mínimos de las sanciones. Además, los crímenes más aberrantes, incluyendo homicidios, abuso sexual y narcotráfico, serán declarados imprescriptibles, buscando una persecución sin límite de tiempo.
El proyecto no solo ajusta las penas tradicionales (elevando el homicidio simple a 30 años de prisión), sino que libra una guerra total contra las nuevas modalidades delictivas, muchas de ellas nacidas en la era digital:
Delitos de Género y Digitales: Se penaliza explícitamente el stealthing (retiro de preservativo sin consentimiento), se castiga el acoso laboral y se tipifica la pornovenganza.
Abuso de IA y Redes: Se incorporan penas más severas para el grooming y la difusión de abuso infantil, incluyendo el uso de Inteligencia Artificial.
Seguridad Callejera: Se crean figuras específicas para enfrentar el fenómeno delictivo urbano, tipificando a motochorros, viudas negras, robos masivos y secuestros virtuales.
El cerco a la corrupción y el ajuste fiscal
La reforma es también un mensaje directo a la clase política. El nuevo texto prevé una modificación integral de los delitos contra la administración pública, con penas agravadas y la inclusión de tipos penales que buscan blindar las arcas del Estado.
El nuevo Código sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal y rediseña el delito de enriquecimiento ilícito. También se incrementan los castigos por cohecho, incluyendo el soborno entre privados, y se endurecen las sanciones por falso testimonio, especialmente en causas de delitos sexuales.
Con respecto al narcotráfico, las penas se elevan de forma exponencial, incorporando figuras autónomas sobre el tráfico de precursores químicos y opioides sintéticos. Aunque el proyecto, ya firmado por el Presidente, debe ser girado al Congreso, el Ejecutivo mantiene el misterio sobre si la bomba legislativa estallará antes o después de las elecciones del 26 de octubre.
