Tras la contundente derrota en el Congreso, que se opuso a los vetos presidenciales al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, el Gobierno Nacional evalúa un camino de acción que neutralice el efecto de la sanción legislativa: la suspensión de la ejecución de los fondos de ambas leyes.
La estrategia replica el esquema aplicado previamente con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada pero cuya ejecución presupuestaria quedó en stand-by. El Ejecutivo busca dilatar la erogación, que tiene un fuerte impacto en las cuentas públicas, hasta la aprobación del Presupuesto 2026.
La cifra caliente: casi $2 billones para las universidades
En la mesa técnica de Balcarce 50, el foco de la preocupación es el impacto fiscal de la ley universitaria. Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) estima que el aumento de fondos universitarios implica un costo de $1.959.974 millones para este año, una cifra que equivale al 0,23% del PBI. Este incremento prevé una actualización del 32% para gastos de funcionamiento y un 40% para los salarios del sector, además de una mejora en las becas.
Por el contrario, el impacto de la Ley de Emergencia Pediátrica (que incluye fondos para el Hospital Garrahan) es considerado menor en la Casa Rosada, aunque el Ejecutivo descartó realizar interpretaciones separadas para "evitar un contrafrente legal", optando por suspender o aplicar ambas leyes en bloque. La ley pediátrica contempla la erogación de $133.433 millones destinados a residencias y personal de salud.
La batalla legal y el argumento del "impacto fiscal"
El Gobierno tiene un margen de diez días hábiles tras la notificación del Congreso para tomar una decisión, la cual recaerá directamente en el Presidente. Para justificar la suspensión de la ejecución presupuestaria, el Gobierno apelará al artículo 38 de la Ley Administración Financiera. Dicho artículo establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". La ausencia de dicha especificación en las leyes sancionadas es el principal ariete legal del Ejecutivo.
La estrategia está siendo delineada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, en coordinación con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y la Procuración del Tesoro, coordinada por Santiago Castro Videla. Si bien existe una línea de diálogo en Nación que busca bajar las tensiones con el Congreso, otro sector del oficialismo presiona para que la suspensión sea total y sin concesiones, preocupados por la idea de "retroceder" en la postura aplicada sobre Discapacidad.
"No podemos retroceder porque sería pronunciarnos en contra de lo que ya hicimos”, expresaron fuentes internas, dejando clara la intención de mantener la rigidez fiscal. El plan no dialoguista incluso contempla una táctica de "atomización" de los procesos, buscando que las demandas por la suspensión de las leyes sean iniciadas por particulares, lo que permitiría al Gobierno ganar tiempo y mantener el "equilibrio en las cuentas" hasta que el presupuesto del año siguiente sea aprobado.
