La Policía Federal dio con un contrato firmado en 2019 entre José Luis Espert y Federico "Fred" Machado por un monto de 1 millón de dólares. Aunque el documento apareció roto y con manchas, los agentes lograron reconstruirlo para analizar su contenido.
Según el acuerdo, Machado debía abonar a Espert la suma total en nueve cuotas mensuales de 100.000 dólares cada una, mediante transferencia bancaria dentro de los primeros cinco días de cada mes. El contrato establecía que no se podrían usar excusas como fuerza mayor o circunstancias extraordinarias para incumplir los pagos.
Fuentes policiales precisaron: "El saldo será abonado en nueve cuotas mensuales consecutivas. El comitente se compromete a realizar los pagos mediante transferencia bancaria".
En ese momento, Machado cumplía prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro. Tras la autorización de la Corte Suprema, fue trasladado a un destacamento para su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y fraude. El hallazgo de este contrato es clave para rastrear el patrimonio y los movimientos financieros vinculados a Machado.
Más detalles
El acuerdo también contenía sanciones en caso de incumplimiento. Si Espert no cumplía con el trabajo pactado en tiempo y forma, Machado podía exigir la devolución del dinero y reclamar daños y perjuicios. Además, se prohibía invocar la teoría de la imprevisión.
Espert aclaró que no devolvió dinero durante la pandemia debido a "circunstancias excepcionales y extraordinarias", a pesar de que el contrato prohibía alegar fuerza mayor.
Por otra parte, el documento establecía que cualquier controversia se resolvería en tribunales ordinarios de Nueva York, Estados Unidos. Desde la Policía resaltaron que este hallazgo aporta información fundamental para investigaciones futuras, que podrían involucrar a figuras políticas como Javier Milei y otros actores relacionados.
El descubrimiento generó un impacto inmediato en la esfera política y mediática. Expertos en derecho financiero señalaron que este tipo de contratos pueden ser determinantes para esclarecer movimientos económicos de funcionarios públicos.
