Jorge Capitanich solicitó su absolución en el marco del juicio por la causa conocida como “Fútbol para Todos”, donde se lo acusa junto a Aníbal Fernández por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El debate judicial gira en torno a si existió un desvío de fondos públicos mediante la televisación de partidos de fútbol.

El Tribunal Oral Federal N° 1 analiza un pedido de condena contra Capitanich que incluye ocho meses de prisión y una inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble de esa pena. En su defensa, el senador planteó la nulidad del alegato fiscal por considerarlo “incongruente” y cuestionó la acusación al destacar que “no se cuestiona el criterio de distribución de los fondos a los clubes”, los cuales, según testigos, se beneficiaron con el programa.

Además, la defensa criticó a la legisladora Graciela Ocaña, autora de la denuncia inicial, señalándola como parte de una supuesta “persecución política” contra los acusados.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 3 de noviembre, cuando será el turno de la defensa de Aníbal Fernández, acusado de administración fraudulenta, quien enfrenta una solicitud de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Anteriormente, ya declararon el resto de los imputados: Luis Segura, ex presidente de la AFA, con un pedido de dos años de cárcel; Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), con un año; Norberto Monteleone, ex gerente general de ese sindicato, también con un año; y Natale Antonio Rigano, expresidente de la empresa Iveco, con dos años de prisión solicitados.

Según la acusación, que se considera probada, entre 2010 y 2015 hubo un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos relacionado con los contratos vinculados al programa “Fútbol para Todos”. El fiscal Eduardo Taiano afirmó que los clubes incrementaron significativamente sus pasivos y no cancelaron sus deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que contradecía los objetivos del programa: garantizar el acceso gratuito a los partidos y fortalecer económicamente a las instituciones deportivas.

La acusación también señaló que la AFA incumplió sus obligaciones de auditoría sobre los clubes, una función esencial para fiscalizar el cumplimiento de normas estatutarias, como la obligación de mantener una contabilidad específica para el fútbol profesional y destinar fondos a obras deportivas o culturales.

Se investigaron maniobras de desvío de fondos hacia entidades financieras, a través de cobros de cheques por parte de la AFA y otras organizaciones. Aunque el descuento de cheques de pago diferido es legal, el fiscal indicó que los fondos desviados representaron un daño al patrimonio público y fortalecieron las finanzas privadas implicadas.

La acusación detalló que los pagos realizados por la AFA a los clubes no siempre llegaban completos, ya que se aplicaban descuentos que luego eran destinados a entidades crediticias, afectando directamente a las instituciones deportivas.

Otro foco de la investigación fueron seis contratos de sponsoreo suscritos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete y la empresa Iveco desde febrero de 2010. Esta compañía automotriz habría sido beneficiada ilícitamente al pagar sus avisos publicitarios con un descuento del 75% respecto a los precios de mercado, recibiendo aproximadamente 86 millones de pesos durante la vigencia de estos acuerdos.

La Auditoría General de la Nación detectó precios irrisorios y pagos en especie sin justificación ni licitación previa, además de la ausencia de mecanismos propios de contrataciones públicas. Estos convenios no respetaron la normativa legal y permitieron que Iveco recibiera camiones como forma de pago sin acreditar una necesidad real ni correspondencia con los cuadros tarifarios oficiales.