La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó dos condenas contra Guillermo Moreno, quien fue secretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Una de las causas apunta a una serie de agravios ocurridos en 2010, durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa SAICF, empresa que, en ese entonces, se encontraba bajo intervención. Moreno asistió en representación de los intereses del Estado y protagonizó un episodio violento que le causó una condena por amenazas coactivas.
De acuerdo al expediente, el exfuncionario desafió a los presentes, tras colocar sobre la mesa unos guantes de boxeo y un casco de sparring, con frases como: "Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar", en medio de una discusión sobre la elección de autoridades de la comisión fiscalizadora.
Luego de un cuarto intermedio, el líder del partido "Principios y Valores" siguió con un tono intimidante al advertir que la asamblea "terminaría mal" y que "sus muchachos estaban para bancársela". Acto seguido, según consta en la denuncia, se apagaron las luces y se tapó la cámara que registraba la reunión.
El Tribunal Oral Federal 8 lo condenó, en 2022, a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para trabajar en cargos públicos. Su defensa apeló, pero, un año después, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo.
En la segunda condena ratificada por el máximo tribunal, a Moreno se lo acusa de incitación a la violencia colectiva y peculado, por el uso indebido de fondos públicos para financiar materiales con consignas en contra del Grupo Clarín, entre 2011 y 2013. También se sospecha de Fabián Dragone, expresidente del Mercado Central, y los exfuncionarios Carlos Martínez y Guillermo Cosentino.
Conforme a la demanda, durante esos años, se utilizaron recursos de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires con el fin de producir gigantografías y artículos con frases como “Clarín Miente” y “Clarín. Cadena Nacional del… Desánimo, Ocultamiento, Desinformación, Miedo”, que se distribuían en actos públicos y en la Secretaría de Comercio.
En 2017, el Tribunal Oral Federal 7 sentenció al dirigente político con una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los otros exfuncionarios recibieron penas de dos años de cárcel. La pena fue convalidada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en 2019 y, en esta ocasión, la Corte desestimó el recurso final de la defensa.
