En una reciente presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmaron que el Gobierno no aplicará la ley de financiamiento universitario cuyo veto presidencial fue ratificado por el Congreso.

Según los funcionarios, las universidades podrán cubrir todas sus necesidades en 2026 gracias a que las partidas presupuestarias para educación experimentarán un aumento real del 7%. Además, indicaron que la inversión en educación crecerá un 17,6% en términos nominales, frente a una inflación proyectada del 10,1%.

Torrendell explicó que “aumentar el gasto estatal no es suficiente para mejorar los niveles educativos” y cuestionó el manejo de los recursos en las últimas décadas, señalando que “se ha generado un gasto público descontrolado que profundizó la dependencia de las personas del Estado”. Enfatizó que la estrategia debe ser “gastar menos, pero invertir más en cada persona concreta”. También adelantó que se prevé una “inversión fuerte adicional” en el plan nacional de alfabetización y en la actualización de la hora docente.

Por su parte, Álvarez desmintió versiones sobre una supuesta crisis universitaria y calificó como una “campaña del miedo” las denuncias que hablaban de cierres de instituciones y renuncias masivas. Aseguró que “no cerró ninguna universidad” y que es falso que hayan renunciado 10 mil docentes. Subrayó que actualmente el sistema cuenta con 198 mil docentes, 2 mil más que al inicio de la gestión, y negó que exista algún ajuste con despidos.

Finalmente, ambos funcionarios defendieron el veto presidencial a la ley universitaria, argumentando que “la oposición nunca dijo de dónde deberían salir los fondos”. Torrendell ironizó con que “por más que el Parlamento vote por la derogación de la Ley de Gravedad, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”.

El oficialismo busca ahora postergar el debate presupuestario hasta después del recambio legislativo, con la expectativa de fortalecer su posición en el Congreso para definir el futuro financiero de las universidades.