El Gobierno nacional presentó el Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia, una política pública destinada a garantizar la defensa integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio argentino. Esta medida responde a las desigualdades detectadas entre las distintas jurisdicciones en la prevención y atención del maltrato infantil.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, fue oficializada mediante la Resolución 633/2025, publicada en el Boletín Oficial. Su objetivo central es enfrentar los desafíos inmediatos que enfrentan los menores, establecer mecanismos sostenibles y de calidad para la restitución de derechos y asegurar una protección integral equitativa en todas las provincias.
Argentina, comprometida con tratados internacionales para la defensa de la niñez, ha experimentado hasta ahora esfuerzos fragmentarios e insuficientes ante problemáticas como la violencia, el abandono, la institucionalización prolongada y la falta de cuidados adecuados. La estructura federal del país ha generado sistemas provinciales con diferentes niveles de desarrollo y recursos, lo que limita la capacidad de prevención y protección en casos de vulnerabilidad.
Uno de los ejes del programa es el fortalecimiento de los Organismos Provinciales de Niñez (OPN) mediante una cooperación intersectorial que mejore la respuesta estatal. Sin embargo, para acceder a los beneficios y fondos asignados, las provincias deberán presentar un Plan de Acción Provincial (PAP) que detalle las acciones concretas a implementar en sus territorios, adaptadas a sus realidades específicas.
Entre las problemáticas que el plan debe abordar obligatoriamente se encuentran la violencia en todas sus formas, el acoso y abuso sexual infantil, la ludopatía y los consumos problemáticos, la situación de niños y adolescentes sin cuidados parentales, el fortalecimiento familiar, la desinstitucionalización y la aplicación de medidas de protección excepcionales. No obstante, las autoridades provinciales podrán ampliar estos planes incorporando otras temáticas relevantes para sus comunidades.
La Subsecretaría de Políticas Familiares será la encargada de guiar la implementación del programa, con la potestad de dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias. Entre sus responsabilidades estará la elaboración del Manual Operativo que definirá los procedimientos y criterios a seguir.
En cuanto al financiamiento, los gastos derivados del nuevo programa serán cubiertos con fondos destinados a las “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, que el Ministerio de Capital Humano asigna a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
