Mientras el juicio por los Cuadernos de las Coimas, el mayor proceso de corrupción en la historia argentina, según varios expertos, comienza a rodar en el Tribunal Oral Federal N° 7, el Gobierno de Javier Milei definió una postura de estricta neutralidad pública. La directiva presidencial es clara: no emitir opiniones ni realizar acciones mediáticas sobre un proceso que tiene a Cristina Kirchner, exfuncionarios y decenas de empresarios en el banquillo. En total, más de 80 imputados.
El mensaje que Milei habría transmitido a su círculo íntimo es categórico: "Soy Poder Ejecutivo. No tengo nada que decir ni que hacer. Que la Justicia haga lo que considere necesario". Esta posición busca marcar una distancia institucional, dejando que el avance del proceso judicial contribuya, por sí mismo, a la narrativa libertaria contra el kirchnerismo.
Milei mantiene la postura junto a su gabinete
Paradójicamente, la aparente inacción sobre el juicio contrasta con un movimiento clave en la agenda judicial que se estaba gestando en Buenos Aires, mientras el Presidente cumplía con su gira por Estados Unidos: el descongelamiento de la definición de vacantes sensibles en el Poder Judicial.
El Ministerio de Justicia, un área de influencia directa del asesor presidencial Santiago Caputo, se prepara para movilizar un número significativo de nombramientos, según informó el medio Infobae. Los planes iniciales de renuncia del ministro Mariano Cúneo Libarona por cuestiones personales fueron pospuestos por un pedido expreso de Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, quien busca mantener la estabilidad en un sector crítico.
La urgencia se debe a que la crisis de nombramientos es crítica: el 32% de los 956 cargos de jueces nacionales y federales está sin un titular formal. Es por eso, que el Gobierno pospuso hasta el próximo año la puesta en vigencia del sistema acusatorio de manera formal.
Lo que está en juego en las próximas semanas es la composición de los órganos de mayor peso, como el Procurador General de la Nación. La persona que comanda el Ministerio Público Fiscal y tiene una influencia inusitada sobre las causas sensibles y la actividad de los fiscales. En la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno no descarta extender el número de cinco integrantes a siete como parte de una negociación política.
La paradoja de la negociación con el kircherismo
La movilización de estos pliegos requiere el acuerdo del Senado, lo que obliga al oficialismo a obtener la mayoría de dos tercios de las bancas. Esto plantea una paradoja central: al calor del juicio de los Cuadernos, el Gobierno necesita pactar y negociar los votos en la Cámara Alta con el kirchnerismo, o al menos con sectores de la oposición dialoguista, para poder concretar las candidaturas y desbloquear la crisis de vacantes en la Justicia.
