Ordenaron el procesamiento y prisión preventiva de la exjueza Norma Abate de Mazzucchelli, quien fue destituida en agosto del año pasado luego de ser denunciada por exigir coimas a una heredera para acelerar un trámite judicial.
La jueza María Cecilia Córdoba firmó el fallo que sostiene que la acusada "abusó de su cargo público al solicitar dinero de manera indebida" y la considera responsable del delito de concusión, previsto en el artículo 266 del Código Penal.
El caso se conoció públicamente tras un informe de Telenoche Investiga. Allí se mostraron videos en los que la entonces presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas solicitaba una suma millonaria a Manuela Saavedra, administradora de la sucesión de Norberto Arias y, luego, su denunciante.
Saavedra, que también fue la primera en exponer la situación en los medios, celebró el dictamen judicial. En diálogo con la radio local Multiplataforma Fénix, dijo: "Fui notificada del procesamiento y la prisión preventiva, aunque la jueza dispone que quedará en libertad en el mismo estado en el que se encuentra".
"Esto demuestra que la Justicia sigue avanzando, que hay jueces imparciales que valoraron todas las pruebas presentadas por mí y por la fiscalía”, aseguró Saavedra. También consideró que el fallo representa "un paso clave hacia el juicio oral".
A continuación, explicó que "ellos tienen unos días para apelar, pero una vez que quede firme, la fiscalía podrá pedir la elevación a juicio". "Estaríamos concluyendo el proceso”, mencionó.
La investigación comprobó que, entre abril y mayo de 2024, la exjueza condicionó la liberación de 87.209 dólares correspondientes a la herencia, que se encontraban depositados en el Banco Hipotecario, según el expediente judicial.
Asimismo, se corroboró que Abate de Mazzucchelli y una empleada doméstica suya, identificada como Elba, visitaron en varias ocasiones la librería propiedad de la denunciante para presionarla. Esto salió a la luz por los testimonios de empleados judiciales y del comercio.
Además de declaraciones testimoniales, se presentaron como prueba audios, videos y actas de inspección ocular, las cuales "permiten tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia, la existencia del hecho y la participación de la imputada", de acuerdo a la resolución judicial de veinte páginas.
En consecuencia, la Justicia riojana dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de la magistrada, en conjunto con un embargo por dos millones de pesos y la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia.
En su declaración indagatoria, Mazzucchelli, de 65 años, negó los hechos y dijo que es inocente, aunque se abstuvo de responder preguntas. Previamente, su defensa, a cargo del abogado Gabriel Pavón, intentó cuestionar el proceso y argumentar que la grabación difundida por televisión “carecía de validez probatoria”.
