El Gobierno dio un paso importante en su plan de reprivatizaciones al recibir nueve ofertas técnicas para la operación durante 30 años de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, que en conjunto generan el 15% de la electricidad del país.
Las empresas que presentaron propuestas incluyen a tres de los actuales operadores: Enel, AES Argentina y Central Puerto. Además, participaron IPS Renewal, Central Costanera, Hidroeléctrica Futaleufú, BML Inversora, Pampa Energía y Edison Inversiones.
El proceso licitatorio, que comenzó en agosto y culminó este viernes, busca la venta total de las acciones de las sociedades que administran las represas ubicadas en los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados. El Gobierno espera recaudar entre US$500 y US$700 millones con esta operación.
Actualmente, estas centrales están bajo control de AES Argentina —que enfrentó un fallo adverso en el Ciadi por US$700 millones este año—, Enel, Central Puerto y Orazul. La reprivatización responde al vencimiento de los contratos de concesión desde agosto de 2023, con la obligación de mantener el funcionamiento hasta el 31 de diciembre o hasta que los nuevos operadores asuman el control.
Desde la Secretaría de Energía señalaron que “en esta nueva etapa, el proceso continuará con el análisis de la calificación técnica y luego con la apertura y análisis del sobre económico”. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer las ofertas económicas, las cuales incluyen el pago de un canon a las provincias de Neuquén y Río Negro por el uso del agua.
Una vez finalizado el proceso de preadjudicación, los nuevos concesionarios podrían comenzar a administrar las represas del Comahue a fines de 2025 o principios de 2026, consolidando así la transición hacia una gestión privada en el sector energético.
Simultáneamente, el Gobierno inició los procedimientos para la concesión de otras siete centrales hidroeléctricas cuyos contratos vencen entre noviembre de 2025 y julio de 2026. Estos complejos son Futaleufú —con contrato prorrogado hasta diciembre—, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.
En este contexto, Enarsa, la empresa estatal que supervisa estas centrales, organizó recientemente una audiencia pública para contratar una auditoría técnica. Esta evaluación busca conocer el estado actual de las maquinarias y estimar las inversiones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones ante futuras concesiones privadas.
