El juicio por la mega causa conocida como “Cuadernos de las Coimas” entra en una fase clave con la incorporación de 164 nuevos hechos de cohecho atribuidos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), vinculados a la cartelización de la obra pública a través del circuito conocido como "La Camarita".
Luego de que en la primera audiencia se leyeran 40 hechos por sobornos que superaron los US$10,4 millones, el proceso judicial se enfocará ahora en el grueso de las imputaciones, que extienden el período de acusación por asociación ilícita entre 2003 y 2015.
El detalle de las 164 coimas adicionales
Los 164 nuevos hechos provienen del expediente conexo 13816/2018, que investiga la cartelización de obra pública civil, energía y transporte, orquestada desde la Cámara Argentina de la Construcción (presidida en aquel entonces por Carlos Wagner).
La acusación sostiene que la entonces presidenta recibió, mediante intermediarios, pagos periódicos de sobornos. Estos pagos estaban directamente ligados a la certificación de obras y a los anticipos financieros otorgados por el Estado. El requerimiento de elevación a juicio de este tramo suma 420 páginas y cuenta con el testimonio de diez arrepentidos que han brindado detalles del circuito.
Según la acusación y las declaraciones de los colaboradores judiciales, el mecanismo de cohecho operaba de la siguiente manera:
Porcentajes fijos: Los pagos se establecían entre el 3% y el 20% sobre el monto total de las obras o se exigían al momento de recibir los certificados de obra.
Flujo centralizado: El financista Ernesto Clarens centralizaba el flujo de dinero proveniente de los empresarios.
Priorización de pagos: Según los testimonios, la priorización mensual de pagos desde Vialidad Nacional se ajustaba a indicaciones directas del Ministerio de Planificación Federal, beneficiando a cuatro empresas ancla.
Listados clandestinos: Clarens reveló que la Cámara de Empresas Viales entregaba listados mensuales que detallaban licitaciones, adjudicatarias, montos y la cuantificación de los sobreprecios. También se manejaba un ranking de empresas cartelizadas.
En el caso de anticipos financieros del 20%, se exigía la mitad (un 10%) como “retorno” en un solo pago, mientras que en otros casos el 10% se abonaba en cuotas. En este tramo de la causa, hay un total de 51 procesados que incluyen a 45 empresarios y 6 exfuncionarios. Diez de estos empresarios se acogieron a la figura del arrepentido.
Entre los principales empresarios señalados por realizar los pagos se encuentran nombres de gran peso en la obra pública: Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Fabián y Osvaldo De Sousa, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Hugo Dragonetti, Mario Rovella, Juan Chediack, y Angelo Calcaterra, entre otros.
