La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto un punto final al proceso judicial contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por la Tragedia de Once, ratificando la condena de cuatro años de prisión en su contra. Considerándolo partícipe necesario del delito.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tomaron la decisión de declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados tanto por la defensa del exfuncionario como por el Ministerio Público Fiscal, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Un largo proceso judicial
Con esta resolución, queda firme la pena impuesta por la Justicia, que considera a De Vido partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además de la prisión, la condena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El caso se remonta a la tragedia del 22 de febrero de 2012, donde la falta de mantenimiento de los trenes y la mala gestión del sistema ferroviario provocó la muerte de 51 personas. En primera instancia en 2015, El Tribunal Oral Federal 2 condenó inicialmente a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y a exsecretarios de Transporte como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Incluido al “motorman” Marcos Córdoba de 25 años.
Cuando corría el año 2018, el Tribunal Oral Federal 4 dictó una condena de cinco años y ocho meses contra De Vido. Aunque fue absuelto del cargo de estrago culposo (el delito que lo vinculaba directamente al accidente), fue hallado culpable de fraude al Estado por la falta de control en los millonarios subsidios públicos destinados a TBA.
Tras recursos ante la Corte, el máximo tribunal confirmó la culpabilidad por defraudación pero ordenó revisar la pena en agosto de 2024, argumentando que la sanción aplicada resultaba inconsistente en comparación con otros condenados. En abril del corriente año, el expediente regresó a Casación, donde se fijó la pena en cuatro años de prisión.
Tanto la defensa —que buscaba la prescripción y una reducción— como la fiscalía —que pedía una pena más severa— apelaron nuevamente, recursos que finalmente fueron rechazados por la Corte Suprema, dejando la sentencia firme para el ex Ministro de Planificación.
