El Gobierno de Javier Milei derogó el Decreto 2417 del año 1993 que establecía que las instituciones debían solicitar permiso para modificar el valor de las cuotas y matrículas y, a partir de ahora, podrán aplicar aumentos cada vez que lo consideren necesario sin tener que pedirlo o informarlo.

Según el criterio utilizado, el esquema anterior hacía que las escuelas puedan definir incrementos con anticipación, que se basaban en proyecciones macroeconómicas inciertas y que provocaban aumentos en las cuotas, algo que generaba quejas en la cámara que nuclea a las escuelas y colegios privados.

El motivo del reclamo y las razones del cambio

Básicamente, el reclamo tiene su origen en un pedido histórico de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) que nuclea a 2000 establecimientos educativos que no tienen ninguna clase de aporte estatal, es decir, que solo regirá para esas instituciones.

En ese sentido, el secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires Martín Zurita explicó que "las escuelas que tienen aportes del Estado tienen un control estricto que les indica cuándo pueden aumentar y cuánto. Las que no tienen subsidios del Estado no tienen control estatal en cuanto a los límites de la cuota" y recordó que, en el caso del territorio bonaerense, el 70% de los establecimientos educativos privados sí recibe subvención estatal.

De todos modos, habrá que ver como repercute la falta de intervención estatal ya que, por un lado, las familias tendrán más opciones para elegir en base al valor del precio de la matrícula y de la cuota, pero eso podría traducirse en un aumento desmedido de las mismas y complicar el acceso a la educación privada.

Por su parte, uno de los principales argumentos para justificar el cambio establece que además de generar "efectos contraproducentes" al ponerle límites a los colegios para ajustar sus tarifas, provocó que "los institutos fijen cuotas más elevadas de lo necesario, por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal".