UNICEF Argentina difundió datos alentadores sobre la pobreza en hogares con niños y adolescentes, que descendió del 48% al 31% en el último año, según la 9na Encuesta Rápida que evalúa las condiciones socioeconómicas de la infancia en el país.

El informe destaca que esta mejora es más evidente en los sectores más vulnerables, donde el aumento de ingresos permitió afrontar mejor gastos esenciales como útiles escolares, vestimenta y actividades recreativas. Además, el acceso a servicios básicos mostró avances: la proporción de hogares que no puede ir al médico o dentista por falta de recursos disminuyó en ocho puntos porcentuales, y las familias que debieron restringir comidas bajaron del 52% al 30%.

No obstante, el endeudamiento familiar representa un desafío creciente, especialmente en sectores medios. La proporción de hogares con deudas aumentó del 23% al 31%, y si se incluyen créditos informales y mediante billeteras virtuales, alcanza el 45%. Cuatro de cada diez familias dejaron de pagar algún servicio, y un 16% enfrenta dificultades para afrontar pagos con tarjetas de crédito. Además, uno de cada diez hogares debió suspender la cobertura de medicina prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por problemas económicos.

Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, resaltó la importancia de la encuesta: “La Encuesta Rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes, que UNICEF realiza desde 2020, constituye una herramienta clave para comprender la evolución de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia en el país. Los resultados de esta nueva ola ponen de manifiesto frágiles avances a partir de la reducción de la pobreza, pero también desafíos que deben abordarse con prioridad en la agenda pública para consolidar y acelerar esa tendencia”.

Aunque la pobreza infantil sigue siendo alta —afecta al 46,1% de los niños, con una reducción de 21 puntos respecto al primer semestre de 2024—, y la pobreza extrema alcanza al 10,2%, el informe señala mejoras significativas en comparación con años previos. Sin embargo, persisten desigualdades estructurales, como el incumplimiento de la cuota alimentaria, que afecta al 52% de las madres beneficiarias, sin cambios relevantes pese a las mejoras en ingresos.

Por su parte, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, atribuyó los avances a la desaceleración inflacionaria y a políticas de protección de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar. “La AUH se está manteniendo casi al 98% del valor de la canasta; y en el presupuesto 2025 es una de las pocas partidas que crecen en términos reales”, explicó, destacando la importancia de la movilidad que actualiza el beneficio según la inflación.

Waisgrais también advirtió que, pese a la mejora en los sectores más vulnerables, los hogares de ingresos medios enfrentan una creciente fragilidad por el aumento del endeudamiento y la dificultad para cubrir gastos básicos. “El endeudamiento con el sistema bancario formal ronda el 31%, pero si se suman créditos informales, asciende al 45% en sectores medios que no están en la pobreza”, señaló. “Casi cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar al menos un servicio o tienen problemas para cumplir con sus obligaciones”.

El informe resalta que, si bien la inseguridad alimentaria mejora en términos generales, todavía cerca del 30% de las familias debe restringir la compra de alimentos. En ese sentido, la encuesta aporta datos sobre mecanismos de adaptación familiar y las brechas que aún requieren políticas públicas para consolidar la reducción de la pobreza y controlar el endeudamiento.

Finalmente, el especialista puntualizó que la mejora en los indicadores no implica que la situación sea sencilla para las familias, sino que algunos factores que complicaban la vida cotidiana comienzan a retroceder. En este contexto, la protección de ingresos —principalmente a través de la AUH— es fundamental, pero persisten desafíos especialmente en los sectores medios, donde los salarios formales ajustan con retraso frente a la inflación y los gastos en alquiler, transporte, salud y educación presionan el presupuesto familiar.