El Ejecutivo nacional se encuentra desarrollando un decreto que busca reformar la Dirección Nacional de Migraciones, adoptando un esquema basado en los organismos migratorios de Estados Unidos. La iniciativa apunta a crear una estructura que incluya una policía con facultades para detener personas en los puntos de ingreso al país, según publicó TN.
Desde la Casa Rosada aclararon que no se trata de establecer una nueva fuerza federal, sino de modificar el perfil actual del organismo, que es principalmente administrativo, para dotarlo de capacidad operativa propia. Esto le permitirá realizar expulsiones de inmigrantes con antecedentes, alertas o irregularidades, manteniendo una convivencia funcional con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sin superposición de funciones.
El Gobierno destacó que esta transformación “forma parte de lo que venimos hablando con el Homeland Security”. En julio, el presidente Javier Milei firmó un acuerdo para que Argentina se incorpore al Programa Visa Waiver durante la visita de la funcionaria estadounidense Kristi Noem. Este convenio también contempla aspectos migratorios y de la Dirección General de Aduanas, bajo la gestión de Juan Pazo, titular de ARCA.
En Estados Unidos, el sistema migratorio está compuesto por distintos organismos especializados: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de trámites; Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realiza investigaciones y detenciones por violaciones migratorias; y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable del control fronterizo y las inspecciones en puntos de ingreso, además de operar la Patrulla Fronteriza.
La reforma de las fuerzas federales argentinas, oficializada en julio, también se basó en este modelo estadounidense. Se modificaron los marcos orgánicos, jerarquías, funciones y misiones de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, PSA y Servicio Penitenciario Federal (SPF). Los equipos técnicos tomaron como referencia a la Guardia Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG) de Estados Unidos.
En línea con esta transformación, la Policía Federal Argentina fue reconvertida en un cuerpo de investigación similar al FBI estadounidense, con la oficialización del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la creación de una carrera de detective bajo la modalidad de “Investigador del Delito para Profesionales”.
Además, la PSA amplió sus atribuciones, pudiendo ahora realizar tareas de prevención del delito en espacios digitales sin necesidad de autorización judicial y colaborar en la inteligencia criminal. Se estableció el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, integrado por la PSA, Migraciones, Aduana y ANAC, para coordinar controles y mejorar la seguridad en aeropuertos.
Previamente, en mayo, el Gobierno ya había avanzado con una reforma migratoria mediante un decreto que estableció nuevas reglas sobre el acceso a servicios públicos, criterios de residencia, y procedimientos de rechazo y expulsión. Esta normativa endureció las condiciones de ingreso, limitó la vigencia de la “residencia precaria”, implementó declaraciones juradas obligatorias y habilitó rechazos en frontera con prohibiciones de reingreso no menores a cinco años.
