La crisis hídrica que atraviesa el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires dejó de ser un episodio excepcional y se consolidó como un problema estructural. Con más de 5,8 millones de hectáreas afectadas y pérdidas estimadas en US$2000 millones, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) reclama una reacción inmediata de los tres niveles del Estado y un compromiso verificable para completar las obras del Plan del Salado antes de 2030.
Para la entidad, los nueve meses consecutivos de inundaciones expusieron el deterioro de la infraestructura hídrica y vial y reactivaron demandas históricas dirigidas a municipios, provincia y Nación. La organización asegura que el fenómeno “ya no es una urgencia pasajera”, sino una amenaza directa sobre la producción, la infraestructura y las economías locales.
Datos obtenidos a partir de imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre revelan que 2 millones de hectáreas de la cuenca del río Salado se encuentran directamente inundadas o anegadas, mientras otras 3,8 millones presentan caminos intransitables o imposibilidad de acceso para maquinaria. En distritos como Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Lincoln, Carlos Casares y Las Flores, la superficie comprometida supera los 4,5 millones de hectáreas, con más de un millón bajo agua.
La ventana de siembra de soja y maíz —crítica por sus plazos estrechos— ya opera al límite, y CARBAP calcula que 1,5 millón de hectáreas agrícolas podrían quedar improductivas este año. Esto generaría un impacto económico estimado en US$2000 millones que dejarían de ingresar en 2026. El efecto, advierten, no solo golpea al productor: arrastra a contratistas, transportistas, proveedores, pymes y comercios, además de reducir la recaudación municipal, provincial y nacional.
La entidad sostiene que “la cadena de responsabilidades es amplia”. En el nivel municipal, cuestiona que los intendentes —encargados del mantenimiento de los caminos rurales mediante la tasa vial, guías y parte del impuesto inmobiliario— destinan fondos a otros fines, generando una red vial incapaz de soportar eventos climáticos recurrentes.
En la provincia, el Plan Maestro del Río Salado enfrenta más de una década de retraso. Aunque la iniciativa debería estar finalizada, solo supera la mitad de ejecución. El Presupuesto 2026, remarcan, contempla un fuerte aumento impositivo pero asigna una partida “mínima” a la obra estratégica.
En el ámbito nacional, CARBAP señala que el Gobierno cobra retenciones por más de US$1000 millones anuales solo en esta región y administra el Fondo Hídrico de Infraestructura, solventado por un impuesto a los combustibles. Sin embargo, el Presupuesto 2026 “no contempla una sola partida” destinada a las obras del Salado, una omisión que la entidad calificó de “incomprensible”.
CARBAP fijó un horizonte explícito: 2030 debe ser el límite para terminar el Plan del Salado. Y advirtió que el problema no es técnico ni económico, sino político. “En esta cuenca sí hay plata; la generan los productores y la recauda el Estado todos los años”, subrayaron.
