El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, difundió un documento en el que, junto a ministros de su gabinete y más de treinta intendentes peronistas, cuestionó la condena contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por la Tragedia de Once.
La declaración, presentada como un gesto de “solidaridad con el compañero Julio De Vido”, expresa preocupación por el estado de salud del exministro. Su familia había advertido días atrás sobre las condiciones de detención en el penal de Ezeiza y asegurado que su situación podría agravar problemas preexistentes.
Nuestra solidaridad con Julio De Vido ante una condena injusta. pic.twitter.com/VnxDnOCNaH
— Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2025
Los dirigentes señalaron que “la privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud” y reclamaron que la Justicia evalúe “con urgencia” alternativas para garantizar su atención médica, incluida la posibilidad de concederle el arresto domiciliario.
En la misma línea, la dirigencia peronista volvió a denunciar la existencia de “lawfare”. “Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo”, afirmaron.
El documento concluye con un llamado a revisar las actuaciones judiciales que derivaron en la condena de De Vido y a “adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad”. Entre los firmantes figuran los ministros Andrés Larroque (Desarrollo) y Walter Correa (Trabajo), además de intendentes como Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Lucas Ghi (Morón), Julio Alak (La Plata), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui) y Damián Selci (Hurlingham), entre otros.
La situación judicial de Julio De Vido
El exministro se entregó el jueves pasado en los tribunales de Comodoro Py, tras quedar firme su condena en la causa por la tragedia ferroviaria de Once. La Corte Suprema había rechazado el último recurso de su defensa, lo que habilitó la ejecución de la pena.
De Vido fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta por el manejo de los subsidios del Ferrocarril Sarmiento, cuya deficiente gestión contribuyó al choque ocurrido el 22 de febrero de 2012, que provocó 52 muertes y más de 700 heridos. El Tribunal Oral Federal N.º 4 lo condenó inicialmente a cinco años de prisión en 2018, pero luego la Cámara de Casación redujo la pena a cuatro años.
Su defensa, que destaca que el exfuncionario tiene 75 años, pidió cumplir la pena en su domicilio por razones de salud. El TOF 4 tendrá que resolver sobre este planteo en las próximas semanas.
