El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para intervenir en la fijación del precio que reciben los productores por su materia prima.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGPyA) aclaró que el INYM mantendrá su rol en la promoción del sector y en el control de la calidad de los procesos productivos, pero sin inmiscuirse en la regulación económica.
Esta decisión modifica el Decreto Reglamentario N° 1.240/2002, que regía al INYM, mediante el Decreto N° 812/2025. Según el texto oficial, “resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo”.
Durante las últimas dos décadas, los productores y secaderos enfrentaban dificultades para acordar el precio de la hoja verde. En esos casos, el INYM intervenía mediante un laudo que establecía valores de referencia para ambas partes. Sin embargo, esta potestad quedó eliminada formalmente con la medida vigente desde hoy.
La gestión del presidente Javier Milei impulsó esta reforma con el fin de reducir la intervención estatal en la economía. De hecho, la práctica de no fijar un “valor de referencia” ya se había aplicado en el último año, pero ahora se oficializa mediante la norma firmada también por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro de Economía Luis Caputo.
El nuevo artículo 8° modificado del Decreto N° 1.240 establece que el INYM “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.
Anteriormente, en 2023, se habían introducido cambios a la Ley N° 25.564 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23, en línea con esta política de desregulación.
Desde la SAGPyA remarcaron que esta medida se encuentra “alineada” con la estrategia del Gobierno Nacional de eliminar normas que afecten la competencia y promuevan la desregulación. Las modificaciones se centran en tres ejes principales: la derogación de la facultad de intervención económica, la prohibición de distorsionar los precios de mercado y la adecuación normativa.
