Tras la destitución de Julieta Makintach, el escándalo por la grabación del documental Justicia Divina sumó un nuevo capítulo. El abogado Rodolfo Baqué presentó dos denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, a quienes acusa de haber permitido el ingreso de un equipo de filmación durante una audiencia clave del caso Maradona sin autorización ni acreditación periodística.
Según las presentaciones, ambos magistrados estaban al tanto de que varias personas ingresaron con cámaras, trípodes, una computadora y hasta “anteojos espía”, pese a que no contaban con habilitación formal. Ese material fue luego utilizado en el documental en el que participó Makintach, lo que motivó su destitución. Baqué sostiene que ninguno de los jueces tomó medidas para impedir la grabación ni dejó constancia de lo ocurrido, pese a que Savarino había rechazado expresamente el ingreso de cámaras.
El episodio denunciado ocurrió el 11 de marzo, durante una audiencia que Makintach presidió mientras subrogaba una vacante, situación que —según Baqué— resultaba incompatible con la normativa vigente. Para el abogado, la falta de objeciones por parte de Savarino y Di Tommaso constituyó una grave irregularidad y afectó la transparencia del proceso judicial.
Las denuncias se apoyan en el artículo 21 de la Ley 13.661, que habilita sanciones por negligencia, incumplimiento de deberes y conductas contrarias a la dignidad del cargo. Además, señalan “irregularidades en los procedimientos” bajo responsabilidad de ambos jueces, lo que podría motivar un juicio político.
El panorama para Savarino es aún más complejo: semanas atrás, Makintach lo denunció por falso testimonio agravado, luego de que él asegurara ante el jury que desconocía la existencia del documental.
Con Makintach ya destituida, el foco judicial se desplaza ahora hacia Savarino y Di Tommaso. Si el Jurado de Enjuiciamiento decide abrir un proceso formal, ambos podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta una eventual destitución.
