Antes de asumir, la senadora electa Patricia Bullrich ya comenzó a moverse en la Cámara alta durante la reunión de hoy de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se centró sobre la senadora electa por LLA Río Negro, Lorena Villaverde, que tenía una impugnación del PJ de esa provincia.
En ese contexto, los libertarios lanzaron una contraofensiva, presentando dos impugnaciones a los senadores peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, en ambos casos, por causas relacionadas a sus roles y manejos de fondos como funcionarios provinciales, que fueron rechazadas por el peronismo.
Fue Bullrich, aún ministra de Seguridad y futura presidente del bloque de LLA del Senado, quien ingresó en mesa de entradas las impugnaciones libertarias contra los legisladores del justicialismo.
La dirigente proveniente del PRO y próxima gran espada de LLA en la Cámara alta buscó igualar a Capitanich y Soria con el caso de Lorena Villarruel, quien fue detenida por la compra de droga en los Estados Unidos y tiene relaciones con el extraditado por causas de lavado y narcotráfico, Fred Machado.
La comisión comenzó sin que esas impugnaciones hayan sido giradas, por lo que había un rechazo de parte de la presidenta de la misma, Alejandra Vigo, quien evitó a tratarlas. Los libertarios insistieron con su tratamiento y desde el peronismo señalaron que todo eso era “una medida dilatoria".
Los senadores quedaron enfrascados en una discusión reglamentaria en la que el libertario Juan Carlos Pagotto citó fallos de la Corte Suprema y Mayans y preguntó por el número de expedientes para dejar en claro que no cumplían con los requisitos necesarios.
En el caso de Soria, el apoderado del Partido La Libertad Avanza en Río Negro presentó una impugnación fundamentada en la existencia de causas judiciales iniciadas durante su gestión como intendente de General Roca, aunque formalmente estaban cerradas en algunos casos.
En el caso de Capitanich, la presentación la realizó Rafael David Serfaty, segundo suplente como candidato a diputado nacional por el Partido La Libertad Avanza, argumentando “la existencia de causas judiciales abiertas por delitos como fraude a la administración pública, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y vínculos con el Clan Sena", recientemente condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
