La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el incremento de las denuncias de hostigamiento a periodistas y los límites que esto genera para el ejercicio de la libertad de expresión. Esto se comunicó durante una jornada que realizó el organismo en la Universidad de Miami, donde participaron organizaciones de la sociedad civil y representantes del gobierno nacional.
La sesión, que duró más de dos horas, reunió a referentes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, sindicatos de prensa y varios periodistas.
Los expositores alertaron que el clima para el trabajo periodístico sufre un "deterioro acelerado" desde diciembre de 2023, debido a tres motivos principales: el aumento de agresiones físicas y digitales, el uso de demandas judiciales como herramienta de presión y el discurso estigmatizante desde altos funcionarios.
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Organizaciones alertaron sobre el grave deterioro del clima para el ejercicio periodístico en Argentina, con reportes de violencia en línea, hostigamiento y estigmatización por parte de altas… pic.twitter.com/7wslC1e2Ia
— CIDH - IACHR (@CIDH) November 20, 2025
De acuerdo a un monitoreo de FOPEA, durante 2024 se registraron 179 ataques a la prensa, un 53% más que en 2023 y más del doble respecto a 2022. En lo que va de 2025, la cifra supera récords históricos con un total de 257 casos.
Algunos ejemplos mencionados fueron: los ataques a reporteros gráficos durante coberturas de protestas, como el caso de Pablo Grillo, campañas de descrédito en redes sociales impulsadas desde cuentas oficiales e intentos de intimidación mediante causas penales o hackeos.
De hecho, periodistas como Hugo Alconada Mon, Julia Mengolini y el fotógrafo Tomás Cuesta contaron experiencias personales de hostigamiento.
En ese sentido, representantes de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) indicaron que la violencia policial contra la prensa en manifestaciones "está normalizada".
Además, manifestaron su desacuerdo con el cierre de la agencia nacional de noticias Télam, las modificaciones en la ley de acceso a la información pública y la parálisis de la comisión bicameral de libertad de expresión en el Congreso.
Como respuesta en representación del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó la existencia de un patrón sistemático de restricciones y afirmó que los incidentes son "casos aislados".
También defendió la regulación del uso de la fuerza pública y aseguró que el periodismo está totalmente protegido. Asimismo, cuestionó el objetivo de algunas presentaciones, que buscan convertir la audiencia en un "juicio político" al gobierno actual.
Los comisionados de la CIDH, entre ellos su presidente José Luis Caballero y el relator especial Pedro Vaca, manifestaron su preocupación por el impacto que puede tener un discurso de las autoridades que estigmatice a la prensa, ya que la voz de un gobernante "no es una voz cualquiera", según sus palabras.
La secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, opinó que los casos descriptos no parecen aislados, como dijo Baños, sino que se enmarcan dentro de un contexto más amplio de amenazas y criminalización.
Al final de la audiencia, Caballero expresó que la Comisión tiene interés en coordinar una visita oficial a la Argentina con el fin de profundizar el análisis. Las organizaciones peticionantes también habían solicitado esta posibilidad.
