El Gobierno presentó un proyecto para que los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles, medida que formará parte del nuevo Código Penal que planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La iniciativa fue elaborada por una comisión integrada por juristas y magistrados, encabezada por el juez Mariano Borinsky, con la colaboración del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el viceministro Sebastián Amerio y la saliente ministra de Seguridad Patricia Bullrich, según informó La Nación.
Actualmente, los delitos de corrupción prescriben una vez transcurrido un plazo similar a la pena máxima establecida, salvo excepciones como los crímenes de lesa humanidad, que ya son imprescriptibles. La reforma propuesta no tendrá efecto retroactivo y solo regirá para hechos de corrupción denunciados y cometidos una vez que el nuevo Código Penal entre en vigencia.
Además de la imprescriptibilidad, el proyecto contempla un endurecimiento de las penas: el enriquecimiento ilícito podría recibir hasta 15 años de prisión, mientras que las sanciones por coimas se elevarían hasta 10 años, superando las penas máximas actuales que alcanzan los seis años.
Los antecedentes
El debate judicial sobre la imprescriptibilidad de la corrupción viene desde hace años. En 2016, la Cámara Federal de La Plata dictaminó que estos delitos no prescriben, respaldo apoyado por la diputada Elisa Carrió. Sin embargo, en 2018 la Cámara de Casación revocó la prescripción en un caso particular y ordenó juicio, aunque con votos disidentes. La Corte Suprema intervino y ordenó un nuevo fallo, sin descartar que la corrupción pueda ser imprescriptible, pero cuestionando la forma en que se llegó a esa conclusión en la Cámara Federal de Casación.
El Gobierno espera que, si el presidente Javier Milei lo aprueba, el proyecto sea tratado en sesiones extraordinarias por una comisión bicameral integrada por diputados y senadores. Este mecanismo, ya utilizado con éxito en la sanción del Código Civil y Comercial en 2014, permitiría un debate más ágil y evitaría el reenvío del proyecto entre ambas cámaras en caso de modificaciones.
El ministro del Interior, Diego Santilli, incluyó la reforma del Código Penal en su agenda de diálogo con gobernadores para buscar consensos en la aprobación de leyes clave como el presupuesto y la reforma laboral. Si bien existe acuerdo en la necesidad de actualizar el Código, se anticipan debates con sectores opositores, en especial sobre temas como legítima defensa, el rol policial y la regulación de armas.
El nuevo Código Penal, presentado en Posadas junto con el Código Procesal Penal acusatorio, que entrará en vigor en marzo en Misiones, contempla cuatro ejes fundamentales: agravamiento general de las penas, imprescriptibilidad de ciertos delitos, cumplimiento efectivo de las condenas y reducción de la liberación anticipada.
Entre las modificaciones destacadas, el homicidio simple pasaría de una pena de 8 a 25 años a un rango de 10 a 30 años, y el homicidio agravado con prisión perpetua se aplicaría si las víctimas son funcionarios públicos, policías, docentes, niños, personas mayores de 65 años o si el crimen ocurre en espacios sensibles como escuelas, cárceles o estadios de fútbol.
El proyecto también fortalece la protección a las víctimas, aumentando su participación en el proceso penal y estableciendo penas más severas para la falsa denuncia, especialmente en casos de acusaciones falsas de delitos sexuales que afectan la relación con los hijos.
Las sanciones por delitos relacionados con la pornografía infantil y la trata de personas se incrementan considerablemente, con penas de hasta 12 años para poseedores de material para distribución y hasta 15 años para casos agravados de trata. Se incorporan nuevas figuras delictivas como el “stealthing” y se tipifican conductas como el acoso sexual en ámbitos laborales y educativos, además de agravar las penas por grooming y pornovenganza.
En materia de robos, se incluye la modalidad de “motochorros” o “viudas negras”, imponiendo penas no excarcelables de hasta 10 años cuando se cometen con violencia contra las personas. También se tipifica como delito la estafa piramidal y se eleva la pena por usurpación a 10 años.
Las agresiones en manifestaciones tendrán penas de 2 a 5 años, que se aumentan a 3 a 9 años si están dirigidas contra policías o funcionarios públicos. Además, se declaran imprescriptibles otros delitos graves como homicidios agravados, delitos sexuales, narcotráfico, corrupción de menores, trata de personas y terrorismo.
El nuevo Código también establece que para el 82 % de los delitos, la condena mínima será de cumplimiento efectivo, elevando los mínimos a más de tres años y reduciendo la posibilidad de ejecución condicional y liberación anticipada.
