La diputada Lucía Lorena Klug, representante de Unión por la Patria (UxP) en la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley que generó gran controversia: propone imponer un impuesto al gas metano producido por las vacas en la región.

Con una trayectoria ligada al activismo social y cercana al dirigente Juan Grabois, Klug se define como militante popular y feminista. Además, es profesora de Historia formada en la Universidad Nacional de Luján y ha sido consejera superior en representación del estudiantado, actualmente ejerciendo su función en la segunda sección electoral, que incluye el distrito de Exaltación de la Cruz.

El proyecto establece la creación de la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires" (Tamba), destinada a reducir la emisión de este gas de efecto invernadero y promover la sostenibilidad en la actividad ganadera. Para ello, plantea la constitución de un fondo fiduciario que se financiará con lo recaudado y que se usará para compensar emisiones a través de la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos, en concordancia con la Ley N° 13.592 (GIRSU).

La legisladora fundamentó la propuesta en la urgencia de enfrentar el cambio climático y sus consecuencias. Destacó que la provincia de Buenos Aires representa un cuarto de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en Argentina, debido a su alta densidad poblacional y su desarrollo económico. De ese total, el 27% corresponde a metano, y las actividades ganaderas explican el 19% de esas emisiones, mientras que la gestión de residuos sólidos abarca otro 6%.

Este metano se genera principalmente por la fermentación entérica y el manejo del estiércol en la ganadería, y también a partir de rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto que funcionan como focos importantes de emisión. Por eso, el proyecto establece que las empresas ganaderas legalmente responsables en la provincia serán quienes deban afrontar la tasa.

Sobre la aplicación del impuesto, el artículo 6 del proyecto señala que la Tamba se cobrará en base a los kilogramos de CO2 equivalente (CO2e) emitidos por cada establecimiento. El cálculo se realizará considerando la cantidad de cabezas de ganado y las características productivas de cada empresa, siguiendo la reglamentación que se determine. El objetivo es mitigar las emisiones de metano para que la actividad ganadera sea viable a largo plazo desde el punto de vista ambiental.

La presentación de esta propuesta se produce en un contexto político tenso, con negociaciones en marcha para definir las autoridades de la Cámara de Diputados y preocupaciones por el endeudamiento de la provincia bajo el gobierno de Axel Kicillof. En este escenario, la iniciativa de Klug aparece como un gesto final de su gestión, aunque sin apoyo legislativo, que busca poner en debate la responsabilidad ambiental del sector ganadero.