En medio de versiones que circulaban sobre una posible intervención estatal en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno salió a aclarar que no está evaluando esa medida y que la conducción de la entidad deportiva seguirá bajo la órbita de sus autoridades. La aclaración, que vino de parte de Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) a Radio Rivadavia, apunta a desactivar rumores que habían generado inquietud en el mundo del fútbol y en la dirigencia política, en un contexto de tensiones por la administración de recursos y la organización de competencias.
La versión de una intervención había cobrado fuerza en las últimas semanas, alimentada por disputas internas en la AFA y por la presión de algunos sectores que cuestionan la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia. Sin embargo, desde la Casa Rosada se remarcó que no existe ningún plan oficial para desplazar a la actual conducción ni para imponer un esquema de control estatal sobre la entidad.
Mensaje de calma
El titular de la IGJ transmitió en la entrevista que la AFA, presenta deudas informativas desde el año 2017. Dichas deudas están relacionadas a inconsistencias en los registros contables, aclarando además, que se han realizado asambleas por fuera de las injerencias de su organismo, indicó Vitolo. “La AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar”, precisó, manifestando que la última información corresponde a 2024.
Sin embargo, el mensaje oficial busca transmitir calma en un terreno sensible: el fútbol argentino, además de ser un fenómeno cultural y social, es un espacio de fuerte impacto económico y político. Una intervención hubiera significado un choque institucional con la FIFA, que prohíbe la injerencia de los gobiernos en las federaciones nacionales, y podría haber derivado en sanciones internacionales, incluyendo la suspensión de selecciones y clubes en competencias oficiales.
La aclaración también refleja la intención del Ejecutivo de evitar conflictos innecesarios en un momento en que la agenda política está marcada por el ajuste económico y la necesidad de sostener gobernabilidad. El fútbol, con su capacidad de movilización social, se convierte en un terreno donde cualquier decisión puede tener consecuencias más allá del deporte.
En paralelo, la AFA enfrenta sus propios desafíos internos: la organización de los torneos, la distribución de recursos y la relación con los clubes grandes y chicos. La confirmación de que no habrá intervención estatal deja la responsabilidad en manos de la dirigencia deportiva, que deberá resolver sus tensiones sin la sombra de una medida extraordinaria.
