El Gobierno nacional está diseñando una reforma profunda para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que se implementará en 2026, luego de que Cristian Auguadra asumiera en reemplazo de Sergio Neiffert como nuevo titular del organismo.
Entre los cambios previstos se encuentran ajustes en el personal, la estructura interna, el marco normativo de seguridad, el acceso a información sensible de organismos públicos, el estatuto laboral del personal de inteligencia y la incorporación de tecnología avanzada.
Desde la Casa Rosada reconocen que será necesario modificar la Ley de Inteligencia 25.520 para llevar adelante estas transformaciones, aunque aún no definieron si lo harán mediante un proyecto de ley o un decreto presidencial. “Primero hay que ver si hay consenso en el Congreso, incluso para sostener un decreto”, señalaron fuentes oficiales.
Además, se anticipan profundos despidos y una reconfiguración del sistema de inteligencia, tomando como referencia el modelo estadounidense. Los equipos técnicos del oficialismo estudian la estructura de la CIA y la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que estableció un esquema centralizado con mayor capacidad operativa, acceso ampliado a datos y un marco legal que integra agencias civiles, financieras y de seguridad bajo una coordinación central.
En la SIDE apuntan a centralizar la coordinación operativa e informativa, buscando que todas las fuerzas federales reporten y dependan directamente de este organismo, similar al funcionamiento del DNI (Director de Inteligencia Nacional) en los Estados Unidos. Esto responde a conflictos internos derivados de estructuras paralelas y mandos dispersos que han generado desorden y fragmentación en los flujos informativos.
Una propuesta en análisis es la disolución de las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal (DNIC) y Militar (DNIM), para integrar sus equipos bajo la dirección central de la SIDE. Esta medida, que causó roces con la gestión anterior de Patricia Bullrich, podría avanzar con el apoyo de la actual ministra Alejandra Monteoliva.
Otro aspecto clave de la reforma es la ampliación del acceso directo a datos protegidos por secreto legal, como los fiscales que trabajan en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta estrategia ya se aplicó con la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante el decreto 274/2025, que le permitió intercambiar información sin restricciones legales, congelar activos y controlar riesgos. Según fuentes oficiales, esta medida posiciona a la UIF como un actor estratégico dentro del sistema de inteligencia.
En cuanto al personal, se busca reformular el estatuto del espía para establecer un plan de carrera profesional similar al de las Fuerzas Armadas. Actualmente, el sistema presenta “desorden interno, falta de jerarquías claras y poca previsibilidad en la formación de cuadros”, explicaron en el Gobierno.
El nuevo régimen laboral contemplaría escalafones, formación continua, remuneraciones basadas en funciones y normas disciplinarias claras. “Hoy todo depende del jefe y de su capacidad. Tampoco hay un tribunal en el que se pueda rebatir una valoración del superior”, agregaron las fuentes.
En materia tecnológica, la SIDE planea incorporar equipamiento avanzado para vigilancia electrónica, ciberinteligencia, análisis masivo de datos, integración de bases y sistemas de interceptación. Sin embargo, reconocen que existen limitaciones presupuestarias para concretar estas adquisiciones, pese a que en 2024 se intentó asignar $100.000 millones mediante un decreto rechazado por el Congreso.
