El Gobierno presentó un nuevo borrador de la reforma laboral, que apunta a modificar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, según comunicó el medio Infobae. El texto, discutido en el Consejo de Mayo, plantea un esquema de mayor flexibilidad en vacaciones, indemnizaciones y despidos, además de incorporar la figura del “banco de horas”.
El proyecto mantiene el derecho a vacaciones pagas, pero habilita que puedan fraccionarse en períodos más cortos o incluso días sueltos, según acuerdo entre empleador y trabajador. La idea es adaptar el descanso a las necesidades productivas y personales, aunque los gremios advierten que esto puede diluir el derecho a un descanso real y continuo.
Indemnizaciones reemplazadas por un fondo
Uno de los puntos más polémicos es la creación de un fondo de cese laboral, financiado con aportes mensuales de las empresas. Este mecanismo cubriría las indemnizaciones en caso de despido, reduciendo el impacto económico inmediato para los empleadores. Para los sindicatos, se trata de un esquema que abarata el costo del despido y debilita la protección del trabajador.
El borrador amplía las causales de desvinculación, incluyendo bajo rendimiento o incumplimientos reiterados. Además, busca agilizar los procesos judiciales y limitar las indemnizaciones en casos de “justa causa”. El Gobierno sostiene que esto dará mayor previsibilidad a las empresas, mientras que los gremios lo ven como una puerta abierta a la precarización.
Se introduce la figura del “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos posteriores. La jornada laboral se flexibiliza: las empresas podrán reorganizar horarios según la demanda, acumulando horas trabajadas y devolviéndolas en forma de días libres. Para el oficialismo, es una herramienta de eficiencia; para los sindicatos, un mecanismo que erosiona el pago de horas extras.
El borrador circula entre empresarios y funcionarios, pero los sindicatos se retiraron de la mesa de negociación en rechazo al texto. El Gobierno planea enviar el proyecto al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre, con la expectativa de lograr media sanción antes de fin de año.
La iniciativa se inscribe en el paquete de reformas económicas y penales que el oficialismo considera clave para su programa de ajuste y modernización. El desenlace será decisivo: marcará el rumbo de la política laboral en un país atravesado por la tensión entre disciplina fiscal y defensa de derechos.
