La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro nacional el próximo 9 de diciembre, acompañado de una marcha al Congreso de la Nación. La decisión se enmarca en el rechazo frontal al proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo planea enviar al Parlamento en sesiones extraordinarias, con ansias de que comience el tratamiento antes de que termine el año.
El gremio, que representa a empleados públicos de todo el país, considera que el borrador oficial implica una pérdida de derechos adquiridos y una flexibilización de las condiciones de trabajo. Entre los puntos más cuestionados se destacan la posibilidad de fraccionar las vacaciones, la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones tradicionales, la ampliación de las causales de despido y la incorporación del banco de horas. Medidas que han circulado incluso previo a las elecciones de octubre y que el Gobierno había negado rotundamente.
Según ATE, es un “retroceso histórico”
Desde la conducción de ATE remarcaron que la iniciativa constituye un retroceso histórico: “No vamos a permitir que se avasallen los derechos de los trabajadores”, señalaron en un comunicado que anticipa un clima de alta conflictividad. La convocatoria busca sumar a otras organizaciones sindicales y sociales, con el objetivo de mostrar fuerza en la calle mientras el Congreso discute el proyecto.
La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios, luego de que varias centrales sindicales denunciaran que la reforma laboral forma parte de un paquete de ajuste que afecta directamente a los asalariados. La movilización al Congreso será, en ese sentido, el primer gran test de resistencia sindical frente a la nueva mayoría parlamentaria que busca aprobar las leyes del Ejecutivo.
El paro nacional del 9 de diciembre también tiene un fuerte componente político: se realizará en vísperas de la discusión legislativa y busca instalar el tema en la agenda pública. Para ATE y otros gremios, la calle será el escenario donde se dispute la legitimidad de las reformas, en paralelo al debate institucional.
