El Gobierno nacional expresó su rechazo hacia la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UnAFA), una institución recientemente anunciada por la AFA. Desde el Ministerio de Capital Humano, responsable de la cartera educativa, señalaron que la universidad “no está legalmente habilitada” y exigieron la suspensión inmediata de toda promoción pública vinculada a sus carreras.
Según un comunicado oficial difundido por el ministerio a cargo de Sandra Pettovello, la Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA a detener la difusión de la UnAFA, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar un descargo. La cartera advirtió que la asociación presidida por Claudio “Chiqui” Tapia está promoviendo carreras de grado y posgrado en distintos medios, redes sociales y un sitio web propio sin contar con reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación vigente.
Esta advertencia fue replicada en redes sociales por el presidente Javier Milei, quien compartió el comunicado oficial. Desde el Gobierno, sostienen que el uso del término “universidad” está reservado exclusivamente a instituciones creadas y autorizadas por el Estado nacional, conforme a la Ley de Educación Superior y las resoluciones ministeriales 206/1997 y 4600-E/2017, que prohíben que entidades no habilitadas ofrezcan o publiciten títulos universitarios.
La historia
La UnAFA fue presentada formalmente el 4 de noviembre de 2025 en el predio de Ezeiza, en un evento encabezado por autoridades de la AFA y con la presencia de Alberto Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y director de esta nueva casa de estudios. En ese acto, se anunció un plan académico dividido en tres fases, con inicio previsto para el año 2026. Sin embargo, el Gobierno considera que esta iniciativa fue lanzada sin los avales legales necesarios.
El Ministerio de Capital Humano enfatizó que su intervención busca proteger a estudiantes y familias de ofertas educativas que carecen de respaldo legal, remarcando que el uso del término “universidad” debe estar estrictamente regulado y autorizado por el Estado nacional para garantizar la validez de los títulos otorgados.
