El ministro de Economía volvió a cargar contra la decisión del municipio de Pilar de reemplazar el viejo esquema de una tasa fija por una percepción del 2% aplicada sobre el importe neto de IVA de todas las compras. Con un mensaje contundente en redes sociales, en su cuenta oficial de X, Caputo escribió: “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente” .El funcionario se sumó al malestar expresado por las cadenas de supermercados, que advirtieron sobre el impacto del gravamen en los precios y en el funcionamiento operativo de los comercios.
La novedad tributaria, dispuesta en la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25 y vigente desde el 1° de diciembre, convierte a Pilar en una jurisdicción con un recargo que alcanza a supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, empresas de servicios y universidades privadas. La administración municipal dio un plazo hasta el 15 de diciembre para que los comercios adapten sus sistemas, un margen que fuentes del sector calificaron de “insuficiente” para incorporar los cambios tecnológicos y de facturación necesarios, indicó Infobae.
La voz crítica
No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente.
Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria. pic.twitter.com/EbmxzVA9H7— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 8, 2025
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) fue la voz más crítica: envió un reclamo formal a la Secretaría de Hacienda local advirtiendo que la percepción afecta a cada ticket sin distinguir montos, por lo que se aplica incluso en compras de bajo valor. Esa ausencia de mínimo no imponible, sostienen los supermercadistas, trasladará el costo de la tasa al consumidor y castigará de manera desproporcionada compras pequeñas. La ASU puso ejemplos concretos para dimensionar el efecto: un electrodoméstico de $1.500.000 podría encarecerse casi $25.000 por la medida.
Otro punto de fricción es la inequidad competitiva. La percepción del 2% rige específicamente para ciertos rubros y formatos —sobre todo los grandes comercios— mientras que comercios de barrio y otros comercios señalados en la ordenanza quedarían exentos, generando distorsiones que perjudican la venta de productos de alto valor y la competitividad de los supermercados ubicados en el distrito.
Las complicaciones operativas no son menores. Las cadenas reclaman al municipio que entregue especificaciones técnicas claras y un plazo razonable de implementación —al menos tres meses, según su estimación— para adecuar sistemas de punto de venta, integraciones con plataformas de cobro electrónico y procesos de facturación. En particular, señalan inconvenientes con la forma en que los medios de pago digitales calculan reintegros y diferencian conceptos, lo que podría derivar en diferencias contables y en un costo adicional para el comercio.
El impacto sobre promociones y precios publicados también genera inquietud: al aplicarse la percepción en caja, ofertas de precio cerrado podrían verse desactualizadas y provocar reclamos por parte de clientes que pagan un monto mayor al anunciado. Además, la ordenanza contempla que los fondos recaudados puedan ser usados como “recursos de libre disponibilidad”, una cláusula que la ASU y otras cámaras observaron con preocupación por cuestiones de transparencia en el destino de lo recaudado.
