Efectivos de seguridad arrestaron a Luis Arce, el expresidente de Bolivia, por una orden de la Fiscalía en torno a una causa abierta por corrupción en el caso vinculado al Fondo Indígena. La exministra de Presidencia local, María Nela Prada, confirmó este suceso.
De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, el exmandatario está involucrado en un proceso judicial por presunta malversación millonaria de fondos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, que surgió durante su gestión como ministro en el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
La investigación busca comprobar si Arce, cuando se desempeñaba como ministro de Economía, autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares. La exdiputada Lidia Patty, quien está detenida en el penal de Obrajes, habría sido una de las beneficiarias.
Al denominado caso Fondo Indígena se lo considera como uno de los mayores escándalos de corrupción que tuvo el país en su historia reciente.
Detalles del caso
El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) percibía el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para financiar proyectos productivos en territorios rurales. Entre 2006 y 2014, recibió más de 3.197 millones de pesos bolivianos, equivalentes a unos 460 millones de dólares.
El directorio del Fondo estaba integrado por varios ministerios, entre ellos el de Economía, y por organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS). Esa estructura tenía el objetivo de incorporar representación indígena y campesina en el Estado, pero, en cambio, provocó un sistema de corrupción.
La irregularidades se conocieron en 2015, a partir de un descubrimiento de la Contraloría General del Estado: 153 proyectos sin finalizar o inexistentes valuados en 71 millones de bolivianos, aproximadamente diez millones de dólares. Auditorías posteriores exhibieron un espectro mayor, con más de mil proyectos y más de 182 millones de dólares como daño económico.
Los investigadores identificaron un patrón de desembolsos sin respaldo técnico ni financiero, pagos a cuentas personales de dirigentes y fraccionamientos contrarios a lo establecido. También detectaron proyectos aprobados con falta de documentación básica o de verificación de avance.
Una denuncia interna del entonces director ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, marcó un punto de inflexión en el caso. Allí, el exfuncionario alertaba sobre proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Su posterior procesamiento y muerte bajo custodia estatal desataron un debate nacional sobre responsabilidades institucionales, así como el uso político de la persecución penal.
Arce se encuentra involucrado en esta causa por su rol dentro del directorio y su participación en decisiones administrativas durante los años en los que funcionó este sistema ilegal. La Fiscalía busca determinar si existieron omisiones, autorizaciones o avales que facilitaron el patrón de desvío.
