A días de cumplirse un año de la aprobación de la ordenanza 6350/24, que habilitó el intento de instalar un complejo con sala de bingo en la Ruta 26 de Ingeniero Maschwitz, el presidente de la Asociación Vecinal de Ruta 26, Javier Coky, escribió una carta abierta en nombre de los vecinos de Escobar para intentar evitar que siga la avanzada municipal para la construcción de la controversial sala de juegos.

El foco se trasladó al gobierno provincial, que evalúa actualmente el Plan Estratégico Territorial (PET) del distrito, que busca ser modificado después de un proyecto presentado por la intendencia. Ante las irregularidades que denunciaron en el último año y la derecha de la Justicia en cada una de los reclamos vecinales, ahora exigen responsabilidad pública y transparencia total a los responsables de definir la revisión de las modificaciones parcelarias.

Coky describió la situación del bingo como "un temblor en Escobar", que perjudica a todos los vecinos y fue un atropello por parte de las autoridades del Municipio, en un intento repleto de irregularidades que viciaron el tratamiento de la iniciativa desde el minuto 1.

Además, hizo un listado de los responsables de los atropellos y de quiénes ahora deberán responder por el bienestar y exigencias de los vecinos.

LA CARTA ABIERTA DE UN VECINO A SUJARCHUK, CONCEJALES Y LA JUSTICIA

El bingo en Escobar que quisieron habilitar en silencio: un año mirando el Concejo.

Yo estuve ahí —como tantos vecinos— cuando todo empezó un viernes de fin de año, con el ruido de las fiestas encima y la sensación de que lo importante se vota cuando nadie mira. Fue el 27 de diciembre de 2024, en la 3.ª Sesión Extraordinaria, cuando el Concejo Deliberante trató el Expediente 18318/24 (“Desarrollo comercial, recreativo y sala de bingo en Ingeniero Maschwitz”) y lo aprobó por unanimidad de los concejales presentes.

Ese día, antes de la votación, la concejal Gabriela Hernández se retiró dejando en claro que no se sentía cómoda con el modo y el apuro del tratamiento. Y aun así, el proyecto siguió y se votó.

Lo escribo en primera persona porque esto no fue un expediente: fue un temblor en Escobar. Y porque durante un año entero vimos lo que pasa cuando el poder se acostumbra a empujar y la comunidad se acostumbra a resistir.

Los nombres de la mano levantada

La aprobación tuvo nombres y apellidos. Los concejales presentes consignados en el Diario de Sesiones fueron: Ramón Álvarez, Diego Castagnaro, Sandra De Boeuf, Patricia De la Cruz, Albina Flores, Patricia Froy, Andrea González, Leandro Goroyesky, María Laura Guazzaroni, Mariana Huber, Diego Muzzio, Brian Parsons, Matías Peralta, Javier Rehl, Silvia Redel, Griselda Romariz de Aristi, Yanina Sotelo, Lorena Vogel y Carolina Ybañez.

Y sí: lo digo con todas las letras. Leandro Goroyesky fue quien tomó la palabra y empujó el proyecto. A él, especialmente, le pido que lea esto sin cassette: lo que se votó no fue “inversión” en abstracto. Se votó habilitar el marco para un negocio de juego en un punto sensible del distrito. Y cuando se juega con el territorio, se juega con la vida cotidiana de miles. Dice que va a insistir, decimos que vamos a volver a resistir.

La Justicia: del portazo al límite

En el camino judicial hubo de todo. Hubo decisiones que dolieron. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2025, la jueza de Paz de Escobar Claudia Tatángelo amiga del intendente archivó una demanda de vecinos que buscaba frenar el avance.

Pero la historia cambió con el fuero contencioso administrativo: la jueza Mónica Ayerbe frenó el avance con una cautelar señalando irregularidades y falta de recaudos ambientales; y luego la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ratificó lo actuado (con firmas de Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Scheringer).

A la Justicia, en todas sus instancias, mi agradecimiento como vecino: no por “estar de un lado”, sino por recordar algo básico en democracia: que el poder local también tiene límites, procedimientos y obligaciones.

El final político y el atajo que asoma

Finalmente, el Concejo derogó la Ordenanza 6350/24 por unanimidad. Y lo hizo como si nada hubiera pasado: en silencio y a toda velocidad. En menos de un minuto, y por unanimidad, trató sobre tablas el expediente 18510/25 enviado por el intendente y dejó sin efecto la norma.Lo más llamativo es que, a diferencia de diciembre —cuando esa misma ordenanza había sido defendida y festejada—, esta vez nadie explicó nada: ni Goroyesky, autor del proyecto, ni Javier Rehl, jefe del oficialismo, dijeron una palabra sobre el giro.

Pero en Escobar aprendimos rápido: cuando una puerta se cierra, algunos buscan el atajo. Hoy el debate se desplazó al Plan Estratégico Territorial (PET) y a la discusión por las parcelas de la Ruta 26.

Distintos medios y organizaciones vecinales advierten que la reclasificación como “Corredor de Colectora CC” podría volver a dejar la vía administrativa lista para algo parecido: mismo destino, otro envoltorio.

Y en esa trastienda, los vecinos leemos lo que publican los medios y tomamos nota: Daniel Angelici, Daniel Mautone y Fabio Fernández fueron mencionados en coberturas periodísticas como nombres

vinculados al impulso empresario detrás de la iniciativa. Lo aclaro como corresponde: mencionados por medios, no por sentencia. Sería bueno que dijeran qué van hacer.

Lo que les pido a los que votan hoy y mañana

A quienes acompañaron este proyecto, mi pedido es simple: recapaciten. No se trata de quedar bien con nadie. Se trata de entender que el costo social, urbano y comunitario de estas decisiones no se paga en campaña: se paga en el barrio, todos los días.

Y a quienes siguen y asumieron banca tras la última elección —María Laura Guazzaroni, Laura Cejas, Gabriela Gorrosito, Andrés Mucilli, Roberto Bufelli, Claudia Ledesma, Cristian Pisaco, Eduardo Gianfrancesco, Soledad Müller, Damián Pérez, Luz

Camaño y Cristian Vila— les pido algo igual de claro: no acompañen ningún nuevo intento —con otro nombre, otra pantalla u otro paquete de “desarrollo”— que vuelva a empujar lo mismo desde la mano de Goroyesky y Sujarchuk.

Un bingo solo traerá más ruido, más tránsito, más inseguridad percibida, más adicción y más familias rotas —y para el distrito, más opacidad y menos futuro.

Y si el PET o cualquier cambio de uso del suelo necesita revisión técnica provincial, entonces la Provincia no es un buzón: es una responsabilidad. Por eso, como vecino, también lo digo con nombre y cargo: Agustín Robla y Carla Filippini tienen hoy un rol directo en el análisis del ordenamiento territorial y en lo que se convalida o no. Les pido que miren este caso con lupa y —si corresponde— digan que no. No a la viveza administrativa. No al atajo. No a un intendente y un concejal para quienes, demasiadas veces, pareció pesar más el futuro personal que el futuro del distrito.

Que este cierre no sea un punto y aparte sino un punto seguido: la comunidad no está en contra del progreso, está en contra del progreso trucho. El que se cocina a puertas cerradas, sin estudios, sin audiencias, sin verdad completa. Y si mañana vuelven con el mismo proyecto maquillado, nos van a encontrar donde estuvimos todo este año: mirando, preguntando, reclamando y defendiendo el derecho básico a vivir en un barrio que no se negocia por conveniencia política.