La causa que investiga presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo determinante. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó formalmente a Micaela Sánchez, tesorera de la firma Sur Finanzas, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín, bajo el cargo de encubrimiento agravado.
El magistrado consideró que los acusados intentaron obstruir el accionar de la justicia al ser capturados "in fraganti" hace dos semanas en un galpón de la localidad de Turdera. Según informó el Diario Clarín. Allí, el grupo fue interceptado mientras cargaba equipos informáticos con el presunto objetivo de eliminar datos sensibles y documentación que podría comprometer a la cúpula de la entidad financiera y sus vínculos con el fútbol argentino. La causa en cuestión es una de las que más sacude el ámbito político y futbolístico, ya que varios clubes poseen relación con la financiera investigada por lavado de activos.
Prisión domiciliaria y el nexo con el poder
A pesar de la gravedad de la acusación, el juez Armella aceptó el pedido de las defensas y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria para los tres implicados. Sin embargo, el procesamiento marca un hito en la investigación, ya que convalida la sospecha de que existe una estructura dedicada a proteger información financiera crítica.
Sur Finanzas no es una empresa más en el ecosistema del fútbol: se trata de una de las financieras principales que patrocina diversos torneos y clubes, y que ha sido señalada por sus estrechos vínculos comerciales y personales con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La detención de la tesorera y los choferes en un depósito clandestino alimentó las sospechas sobre el origen de los fondos manejados por la financiera y su rol en el circuito de pagos del fútbol local. La justicia ahora pone el foco en el contenido de las computadoras que no llegaron a ser borradas, buscando pruebas sobre posibles maniobras de lavado de activos y desvío de fondos.
