La causa por el asesinato de Marcelo José Amarfil dio un giro inesperado. El Tribunal de Impugnaciones resolvió revocar la condena a prisión perpetua que pesaba sobre Luciana Bustos, investigadora del CONICET, y recalificó el delito como homicidio simple. La decisión, firmada por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa, implica que la pena máxima posible ahora es de 25 años de prisión, con un mínimo de 8 años, muy lejos de la perpetua dictada en mayo de 2025.

El tribunal rechazó los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la querella, que buscaban sostener la figura de homicidio doblemente agravado. Los jueces descartaron dos agravantes clave: la existencia de un vínculo de pareja entre Bustos y Amarfil, y la hipótesis de alevosía. De esta manera, los magistrados concluyeron que el caso debía ser tratado como un homicidio simple, lo que cambia de raíz la escala penal y las perspectivas de la acusada.

El hecho y la primera condena

El crimen ocurrió durante el mes de enero de 2024 en Las Chacritas. Amarfil fue hallado muerto dentro de un auto estacionado, con seis puñaladas, durante un encuentro sexual.

En el juicio oral, la fiscalía sostuvo que Bustos había planificado el ataque para ocultar una supuesta doble vida. Con ese argumento, el tribunal integrado por Gerardo Fernández Caussi, Guillermo Adárvez y Matías Parrón la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La defensa, en cambio, siempre alegó que Bustos actuó en legítima defensa frente a un intento de abuso sexual, una versión que fue desestimada en el debate.

Qué puede pasar en el futuro

Con la nueva calificación, la situación judicial de Bustos cambia de manera radical. La pena posible oscila entre 8 y 25 años de prisión. El fallo abre la puerta a distintas alternativas: una apelación de la fiscalía y la querella para intentar revertir la decisión, o un juicio de cesura que defina la condena concreta dentro de la nueva escala. La siguiente pregunta en el marco de la causa judicial es si la investigadora del CONICET, tendrá la posibilidad de salir en libertad luego de cumplir con ocho años de condena.