El mundo del fútbol y el sector inmobiliario de Buenos Aires enfrentan un escándalo de proporciones mayores. Pedro Troglio, actual director técnico de Banfield, encabeza una denuncia judicial masiva contra una desarrolladora platense. La acusación detalla una presunta maniobra fraudulenta que afecta a cerca de 160 inversores, muchos de los cuales perdieron la totalidad de sus ahorros bajo la promesa de una vivienda propia.
El "modus operandi": Asados, confianza y desfalco
Según el testimonio del entrenador, la captación de fondos ocurría en entornos de falsa familiaridad. Los administradores del proyecto utilizaban reuniones sociales y cenas de camaradería para ofrecer inversiones en edificios de pozo con beneficios extraordinarios.
Troglio describe a los responsables como "encantadores de serpientes". El esquema prometía una renta mensual en efectivo hasta la entrega de la unidad. Sin embargo, la realidad tras los muros resultó distinta: las obras se paralizaron a finales de 2025 y los pagos de las rentas cesaron de forma abrupta en octubre.
Cifras del perjuicio: Transferencias al exterior y ahorros perdidos
La presentación judicial del DT y su esposa revela movimientos financieros de gran escala realizados durante su estancia profesional en Honduras:
- Inversión inicial: Un desembolso de USD 64.000 por un departamento en 2024.
- Giros al exterior: Una transferencia adicional de USD 93.000 a una cuenta en Estados Unidos por indicación directa de los administradores.
La querella sostiene que los fondos fueron apropiados por los directivos en sus cuentas personales fuera del país. Mientras Troglio afirma que su situación económica le permite afrontar el golpe, enfatiza la tragedia de los ciudadanos particulares que depositaron el capital de toda una vida en estos fideicomisos hoy abandonados.
El escenario judicial
La empresa original intentó delegar el conflicto a una nueva administración. No obstante, los damnificados aseguran que esta nueva gestión desconoce los montos aportados por los inversionistas iniciales.
Actualmente, las fiscalías de la Provincia de Buenos Aires acumulan decenas de presentaciones similares. El Poder Judicial evalúa la unificación de las causas para tratar el caso como una estafa asociativa compleja. Los señalados permanecen inhallables y las oficinas centrales mantienen sus puertas cerradas al público, lo que incrementa la incertidumbre sobre la restitución de los activos.
