La reciente reforma al régimen de remuneraciones para concejales en Rafaela, Santa Fe, ya muestra sus primeros efectos concretos. Lisandro Mársico, integrante del Partido Demócrata Progresista, se convirtió en el primer edil que decidió reducir voluntariamente su salario tras la aprobación del nuevo reglamento.
El cambio fue oficializado mediante una nota presentada ante la presidencia del Concejo Municipal, en la que Mársico solicitó acogerse al sistema alternativo de dieta compensatoria, renunciando así al esquema salarial tradicional vigente hasta diciembre de 2025.
La reforma, sancionada el 18 de diciembre de 2025, modificó el artículo 17 del Reglamento Interno y estableció un sistema dual de remuneraciones para los concejales. A partir de esta normativa, cada edil tiene la opción de mantener el salario pleno, que actualmente es de $3.947.940 netos mensuales con actualizaciones basadas en la paritaria municipal, o elegir una dieta equivalente al índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que hoy asciende a $1.197.388 netos y se ajusta semestralmente en enero y julio.
En su presentación, Mársico comunicó que optará por la dieta atada al RIPTE y además renunció al cobro del Sueldo Anual Complementario, lo que implica una reducción sustancial en sus ingresos tanto mensuales como anuales.
El Concejo Municipal informó que este nuevo esquema comenzará a aplicarse desde enero de 2026 y se mantendrá durante el resto del mandato del concejal, que concluye en diciembre de 2027, salvo que decida modificar su elección conforme a las opciones que contempla el reglamento.
En los fundamentos de su decisión, Mársico expresó: “Es una decisión personal, coherente con lo que siempre defendí: un Estado austero y una política que no puede estar desconectada de la realidad cotidiana de los vecinos”.
La decisión no resulta aislada dentro de la trayectoria política del concejal. A lo largo de sus años en el cuerpo legislativo local, Mársico sostuvo públicamente posiciones vinculadas al control del gasto público, la reducción de privilegios en la función pública y la necesidad de que los cargos políticos mantengan una relación razonable con los ingresos promedio de la población.
Entre sus antecedentes se destacan:
- La renuncia voluntaria al reintegro del Impuesto a las Ganancias dispuesto años atrás para funcionarios y concejales por el Ejecutivo municipal, beneficio que posteriormente fue eliminado.
- El respaldo, en 2018, a la propuesta del entonces bloque Cambiemos para congelar durante seis meses los sueldos de funcionarios y concejales, medida que finalmente fue aplicada en ese período.
