El frente judicial externo de la República Argentina sumó un nuevo y millonario capítulo en los tribunales de Manhattan. El fondo de inversión Aurelius Capital presentó una nueva demanda contra el Estado nacional por la presunta manipulación de las estadísticas del INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner, reactivando el litigio conocido como “Cupón PBI”. Los demandantes reclaman una suma de US$ 1.300 millones en concepto de capital, a los que se suman otros US$ 1.300 millones por intereses acumulados.
La controversia se remonta a los canjes de deuda de 2005 y 2010, donde Argentina emitió bonos atados al crecimiento económico. Estos instrumentos gatillaban un pago extra si el PBI superaba un determinado umbral. Aurelius sostiene que en el año de referencia 2013, el país cumplió con las condiciones para pagar, pero que el gobierno de entonces modificó la metodología de medición para alterar el cálculo del crecimiento real y así evitar el desembolso.
Los antecedentes a la demanda
A diferencia de intentos anteriores, en esta nueva presentación los acreedores utilizan una estrategia agresiva: argumentan que existen fallos definitivos y no apelables en el Reino Unido que ya condenaron a la Argentina por este mismo tema. Para los abogados del fondo, estas sentencias británicas deberían ser consideradas vinculantes por la Justicia estadounidense, forzando así un pago inmediato.
La causa recayó nuevamente en el despacho de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien ya tiene a su cargo otros expedientes críticos para el país, como el juicio por la expropiación de YPF. Preska es una magistrada que conoce a fondo la historia financiera argentina y que, en casos previos, ha mostrado firmeza frente a los argumentos de defensa del Estado.
El fondo Aurelius es un viejo conocido del país; fue uno de los "holdouts" más duros durante el litigio que se resolvió en 2016. Sin embargo, tras aquel acuerdo general, decidió mantener abierta esta línea específica vinculada a los cupones. Con la apelación del proceso original ya concluida en 2024, el fondo considera que el camino está despejado para ejecutar el cobro de una deuda que, sumando intereses, ya representa una carga equivalente a US$ 2.600 millones para las arcas públicas.
