El viaje de vacaciones de la abogada e influencer Agostina Páez, de 29 años, se convirtió en una pesadilla legal en la ciudad de Río de Janeiro. Las autoridades locales iniciaron una investigación penal contra la joven argentina tras una denuncia por insultos y gestos racistas en un establecimiento gastronómico de Ipanema. Ante la gravedad de los hechos, el Poder Judicial de Brasil aplicó su política de "tolerancia cero" y ordenó el monitoreo electrónico de la letrada para asegurar su permanencia en el país durante el proceso.
El origen del conflicto en Ipanema
El incidente ocurrió el pasado miércoles durante una disputa por la liquidación de la cuenta en un bar local. Según el testimonio de los trabajadores y los reportes policiales, Páez habría proferido expresiones discriminatorias e imitado gestos deshumanizantes hacia un empleado del local. Testigos y registros fílmicos del establecimiento forman parte de las pruebas que evalúa el Ministerio Público para formalizar los cargos por injuria racial.
Como consecuencia inmediata, la policía civil retuvo el pasaporte de la joven y procedió a la colocación de una tobillera electrónica. Este mecanismo de control busca evitar que la imputada regrese a la Argentina, ya que tenía previsto su vuelo de retorno para la noche de este domingo.
Repercusiones y pasado familiar
Agostina Páez cuenta con una fuerte presencia en redes sociales, con decenas de miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, perfiles que decidió desactivar o privatizar tras el estallido del caso. La abogada es hija de Mariano Páez, un conocido empresario del transporte en Santiago del Estero, quien también enfrentó procesos judiciales recientes bajo supervisión electrónica por denuncias de violencia de género.
Organizaciones de mujeres brasileñas radicadas en Argentina expresaron su repudio ante el episodio. A través de comunicados oficiales, señalaron que este tipo de comportamientos no constituyen un "exceso" verbal, sino un acto de violencia que atenta contra la dignidad humana y que posee sanciones severas bajo la legislación de Brasil.
La defensa de Páez y su círculo familiar analizan el traslado de allegados hacia Brasil para brindar apoyo legal y logístico. Mientras tanto, la justicia brasileña mantiene las restricciones de movilidad. De ser hallada culpable, la abogada podría enfrentar penas que contemplan desde multas económicas elevadas hasta la prisión efectiva, dependiendo de la calificación final del delito.
El caso reaviva el debate sobre el comportamiento de los turistas argentinos en el exterior y la firmeza de las leyes contra la discriminación en el país vecino, donde los delitos de odio son perseguidos con especial rigor institucional.
