La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) abrió un período de incertidumbre sobre los plazos y el alcance del pacto, al tiempo que reavivó el debate interno sobre la estrategia de apertura comercial y el rol geopolítico del bloque en un escenario internacional cambiante.
Desde la Comisión Europea lamentaron la resolución adoptada en Estrasburgo y defendieron la relevancia del acuerdo. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, afirmó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill.
En esa línea, remarcó que los cuestionamientos no son novedosos y que ya fueron tratados en negociaciones previas, como el acuerdo firmado con Chile.
Gill evitó confirmar si la Comisión avanzará con la aplicación provisional del tratado antes del pronunciamiento del TJUE y señaló que, por ahora, Bruselas continuará el diálogo con los eurodiputados para explicar por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y subrayar su “vital importancia” tanto en el plano económico como para la “fortaleza geopolítica en el mundo” de la Unión Europea.
“Esto llega en un momento en que los productores y exportadores de la UE necesitan urgentemente acceso a nuevos mercados y en que la UE debe cumplir su agenda de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y predecible”, sostuvo.
El vocero también anticipó que el tema podría ser abordado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria prevista para este jueves, convocada inicialmente para analizar la relación con Estados Unidos. “Veremos cómo van esas discusiones”, señaló, al explicar que la Comisión aguardará ese intercambio antes de definir los próximos pasos.
La votación parlamentaria fue ajustada: 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. Con ese resultado, la tramitación del acuerdo queda virtualmente congelada hasta que el TJUE se expida sobre su compatibilidad con los tratados europeos, un proceso que suele extenderse entre 18 y 24 meses.
Pese a ese escenario, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, consideró que el resultado reflejó “un planteamiento legítimo que hay que respetar”, aunque insistió en la necesidad de evitar demoras prolongadas. “Políticamente no podemos retrasar por mucho tiempo” y “no es nuestra voluntad que represente un parón en un acuerdo que ha tardado mucho tiempo en ser alcanzado y firmado”, afirmó en declaraciones a la prensa en el Parlamento Europeo.
