El gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), ordenó la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, tras detectar graves irregularidades financieras, desvíos de fondos y riesgos operativos derivados del deterioro de la infraestructura. La medida permanecerá vigente hasta que el gobierno de Tierra del Fuego corrija las anomalías señaladas.
Esta decisión se tomó luego de múltiples inspecciones sin respuestas satisfactorias por parte de la administración provincial, denuncias de presunto vaciamiento por parte de los trabajadores portuarios y la inquietud manifestada por representantes de las navieras que operan en la terminal.
El gobernador Gustavo Melella manifestó su rechazo a la intervención: “El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. Además, destacó que “el puerto opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros” y que “la ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”.
Por su parte, Roberto Murcia, titular de la Dirección Provincial de Puertos, advirtió: “No permitiremos que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”. Criticó la contradicción en la resolución que primero suspende la habilitación de la terminal, pero luego suspende esa suspensión para no afectar la operación portuaria, concluyendo que esta incongruencia revela una intención de presión política más que una preocupación real por la seguridad.
Durante las inspecciones, la ANPYN constató múltiples deficiencias en la infraestructura, entre las que se cuentan la falta de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, fallas en la carpeta asfáltica y deficiencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.
En cuanto a la gestión administrativa y financiera, el informe detectó la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras. Esta tarea había sido tercerizada a una empresa que, según registros oficiales, está habilitada para vender paraguas, termos y pelucas, sin antecedentes en administración portuaria.
Además, se reveló un uso irregular del presupuesto del puerto. La normativa vigente establece que los fondos deben destinarse exclusivamente a inversiones en la terminal, pero el gobierno provincial utilizó un 33% del presupuesto para subsidiar gastos generales, mientras que solo el 1,3% se destinó a obras y servicios para mejorar la calidad operativa.
Durante la intervención, la ANPYN contará con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para reforzar la seguridad y optimizar las tareas operativas. Sin embargo, las principales gerencias seguirán a cargo de personal fueguino, que posee la experiencia técnica necesaria para asegurar el funcionamiento diario del puerto.
Un factor clave que aceleró la intervención fue la sanción de la Ley N° 1596, que crea un fondo para pagar deudas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) con parte del superávit portuario. Según el Gobierno Nacional, esta ley compromete la autonomía financiera y la operatividad de la Dirección Provincial de Puertos, poniendo en riesgo su capacidad de inversión y cumplimiento de compromisos.
Fuentes provinciales indicaron que no se transfirió ningún dinero del puerto ni a la provincia ni a la OSEF. También señalaron que los plazos administrativos para responder a los reclamos de la ANPYN aún no se cumplieron y que estudian acciones legales para revertir la intervención.
Esta controversia ocurre en plena temporada de cruceros, que comenzó en septiembre y se extenderá hasta marzo o abril, según el clima. Desde la provincia afirmaron que “no hay nada real de lo que plantean y las cuestiones de seguridad son mentira”, subrayando que el puerto recibirá 600 recaladas en esta temporada y que está funcionando a pleno.
