Una modificación de último momento introducida por Bruselas impone condiciones más estrictas para la activación de las "salvaguardias agrícolas", un mecanismo diseñado para proteger a los productores europeos ante un aumento masivo de importaciones.
El fin del consenso: ¿Qué cambió en el acuerdo?
Originalmente, el tratado establecía que Europa podía suspender los beneficios arancelarios si las importaciones desde el Mercosur superaban en un 10% el volumen histórico o si los precios internos caían en la misma proporción. Sin embargo, el pasado 17 de enero, la UE redujo este margen al 5% de forma unilateral.
Esta decisión busca calmar las protestas internas en países como Francia e Italia, donde el sector agrícola teme una "invasión" de productos competitivos desde América del Sur. Con esta nueva regla, el "airbag" europeo se activa con mayor facilidad, lo que permite al bloque congelar la baja de aranceles por tiempo indeterminado.
Los productos argentinos en la "lista roja"
La medida afecta directamente a 25 productos estratégicos que representan el núcleo de la oferta exportadora nacional. Entre los rubros bajo vigilancia se encuentran:
- Carne bovina, porcina y aviar.
- Maíz y derivados.
- Biodiesel y etanol.
- Lácteos, miel, azúcar y cítricos.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), advierten que estas condiciones buscan "destruir" el libre comercio y ponen en riesgo la seguridad alimentaria del continente europeo a largo plazo.
Barreras para-arancelarias y costos ocultos
Además de las salvaguardias, el agro enfrenta otro desafío: las exigencias ambientales. La UE demanda que la soja y la carne provengan de zonas libres de deforestación. Si bien el sector local apoya la sustentabilidad, denuncia que estas normas actúan como barreras ocultas que encarecen la producción sin que el consumidor europeo pague un precio diferencial por la trazabilidad exigida.
A pesar de la firma del Poder Ejecutivo, el acuerdo aún requiere la ratificación parlamentaria. En Argentina, el Congreso abordará el tratado durante las sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. Los legisladores locales tendrán la última palabra para aceptar o rechazar un pacto que, según los líderes rurales, nace con "grises legales" y fuertes condicionamientos políticos desde París.
