El escenario de los grandes negocios energéticos en Argentina sufrió una sacudida tras la adjudicación de una obra crítica para el desarrollo de Vaca Muerta. El consorcio Southern Energy, integrado por YPF, PAE y Pampa Energía, eligió a la firma india Welspun para la provisión de caños de un ducto de 500 kilómetros, una decisión que dejó fuera de juego a Siat Tenaris, la subsidiaria del Grupo Techint.
La obra es la piedra angular del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), una inversión que ronda los 15.000 millones de dólares y que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
El factor precio: un diferencial del 40%
La polémica saltó a la arena pública cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la transparencia y eficiencia del proceso. Según el funcionario, la propuesta de Techint resultó aproximadamente un 40% más costosa que la de la empresa ganadora. Welspun presentó una oferta de 203 millones de dólares, con condiciones financieras y plazos de pago más flexibles que sus competidores de otros diez países.
Sturzenegger fue tajante al explicar que priorizar el compre nacional bajo estas condiciones atentaría contra la viabilidad del proyecto. "Caños más caros implican menor rentabilidad, menos inversiones y menos empleo", argumentó el ministro. Además, reveló que incluso la oferta de Techint contemplaba el uso de materiales de su controlada en Brasil, lo que técnicamente también constituía una importación.
El rechazo al "First Refusal"
Uno de los puntos más tensos del proceso ocurrió cuando Techint, una vez conocidas las ofertas, solicitó el derecho de preferencia (first refusal) para igualar la propuesta de Welspun. El Gobierno rechazó de plano este pedido con el fin de preservar la credibilidad de futuras licitaciones.
Para las autoridades, permitir que un jugador dominante iguale la oferta ganadora al cierre del proceso desincentiva la competencia externa. "El proveedor extranjero diría: me presento y luego me birlan mi oferta", señaló Sturzenegger. Según su visión, este tipo de prácticas discrecionales alejaron inversiones de largo plazo durante décadas en la Argentina.
El Gobierno sostiene que, dado que el precio del gas se fija en el mercado internacional, cualquier sobrecosto en la infraestructura se traduce en una pérdida de competitividad exportadora o en tarifas más altas para los consumidores locales. El proceso licitatorio, que duró varios meses y contó con oferentes globales, validó la premisa oficial de buscar el costo más bajo para garantizar que el gas de Vaca Muerta llegue a los mercados mundiales a un precio competitivo.
