Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio en los tribunales y cambió el eje de la discusión sobre su patrimonio. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó una presentación judicial ante el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro donde se declaró víctima de una maniobra extorsiva. Según su versión, la denuncia sobre su casa en Pilar no es más que una venganza orquestada tras su negativa a autorizar un negocio vinculado al control de tránsito.
Bajo el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón, Tapia sostuvo que el conflicto se originó cuando ejercía funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE), según publicó TN. Allí, de acuerdo con el escrito, recibió presiones para beneficiar a una empresa privada con la instalación de cámaras de seguridad vial.
El negocio de las fotomultas
El titular de la AFA identificó al empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., como el impulsor de la supuesta maniobra. Tapia relató que Camani le solicitó la habilitación para colocar y renovar equipos de fotomultas en rutas y predios bajo la órbita del CEAMSE, un mercado que moviliza cifras astronómicas por el volumen de recaudación de las infracciones.
Tras su rechazo "expreso y categórico" a este pedido, Tapia afirmó que comenzó un esquema de hostigamiento. En su denuncia por extorsión, el dirigente deportivo aseguró que recibió advertencias claras a través de intermediarios: si no cedía ante el negocio de las cámaras, se activarían causas penales en su contra para dañar su imagen pública.
Para respaldar su acusación, Tapia ofreció a la Justicia el testimonio de dos personas dispuestas a declarar bajo identidad reservada. Según el escrito, estos testigos presenciaron el pedido inicial del empresario, la negativa del funcionario y la posterior amenaza. El titular de la AFA subrayó la "cercanía temporal" entre el fracaso del negocio y la aparición de la denuncia por su vivienda en Pilar.
Además, el dirigente cargó contra los denunciantes formales de aquella causa, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, a quienes definió como "ejecutores instrumentales" de un plan mayor. Denunció también el uso de drones para grabar su domicilio particular y la filtración de datos reservados de organismos públicos, prácticas que calificó como una invasión indebida a la privacidad de su familia.
Antecedentes y pedidos de allanamiento
En el tramo final de su presentación, Tapia recordó antecedentes de Camani en otros conflictos judiciales, como el que involucró al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio. En ese contexto, citó amenazas de extrema gravedad que habrían circulado en aquel entonces contra el funcionario provincial.
Ante este escenario, la defensa de Tapia solicitó medidas urgentes:
- Allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso.
- Peritaje técnico de las comunicaciones entre los involucrados.
- Citación inmediata de los testigos bajo reserva para ratificar la trama de presiones.
