El gobierno de España aprobó un plan de regularización extraordinaria que alcanzará a cerca de medio millón de inmigrantes que viven en el país, en su mayoría de origen latinoamericano. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, fue adoptada mediante un real decreto, sin tratamiento parlamentario, en un contexto en el que el oficialismo no cuenta con mayoría en el Congreso.
La medida permitirá iniciar los trámites entre abril y el 30 de junio de 2025 a los extranjeros que acrediten una permanencia mínima de cinco meses en territorio español y cumplan con determinados requisitos. Quienes accedan a la regularización podrán obtener documentación habilitante para trabajar en cualquier sector y en cualquier región del país.
En ese sentido, un estudio de la fundación Funcas sostiene que hay 148.585 argentinos registrados en España: 106.139 con situación regularizada y 42.446 sin documentación. Debido a que estos datos difieren de las cifras oficiales, se estima que la cantidad de argentinos que podrían beneficiarse con la regularización sería mayor.
Además, el informe ubica a la comunidad argentina como la sexta nacionalidad latinoamericana en el país, detrás de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Paraguay.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, calificó la decisión como una jornada histórica y sostuvo que el plan consolida un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración social, el crecimiento económico y la cohesión.
Pedro Sánchez defendió la regularización al remarcar que España apuesta por una migración “legal, segura, ordenada, abierta y humana”, en contraposición a otros países europeos que endurecieron sus políticas migratorias ante el avance de la extrema derecha.
El mandatario destacó además el impacto económico de la inmigración: atribuyó a la población migrante el 80% del crecimiento registrado en los últimos seis años y el 10% de los ingresos del sistema de seguridad social.
En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística informó que el desempleo cayó por debajo del 10% en el último trimestre de 2025, con una mayoría de los nuevos empleos ocupados por trabajadores extranjeros.
El anuncio se inscribe en una política más amplia. En noviembre de 2024, Sánchez ya había anticipado una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año durante tres años, con el objetivo de enfrentar el envejecimiento poblacional, en un país que registra una caída del 25,6% en los nacimientos desde 2014.
España cuenta actualmente con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Según el centro de investigación Funcas, unos 840.000 inmigrantes irregulares residen en el país desde el 1 de enero de 2025, principalmente provenientes de América Latina.
La oposición cuestionó con dureza la iniciativa. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que en la España socialista “la ilegalidad se premia” y calificó la política migratoria del Gobierno como disparatada, además de acusarlo de intentar desviar la atención de la tragedia ferroviaria que dejó 45 muertos en enero. Desde Vox, Santiago Abascal denunció que la medida genera un “efecto llamada” y acelera la “invasión”.
