La cooperativa láctea SanCor enfrenta un nuevo revés judicial tras la confirmación de la intervención en el marco de su concurso preventivo. La Cámara de Apelación de Feria del Poder Judicial de Santa Fe respaldó la medida adoptada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela, que ordenó la coadministración judicial de la empresa.

El fallo se fundamenta en la comprobada reticencia de SanCor para proporcionar información requerida durante el proceso concursal, lo que dificultó la elaboración de informes esenciales para la evaluación de su situación financiera y laboral. La Cámara enfatizó que esta falta de transparencia generó sospechas sobre la gestión interna de la cooperativa.

Además, los magistrados descartaron los argumentos de la empresa relacionados con un fideicomiso de administración, aclarando que esta figura no libera a SanCor de su obligación de informar ni limita el control ejercido por la sindicatura y el juez del concurso.

En cuanto a la deuda laboral, las estimaciones del sector apuntan a un pasivo que supera los $20.000 millones. Esta cifra abarca salarios adeudados desde mediados de 2025, incluyendo el incumplimiento en el pago total del Sueldo Anual Complementario del último período. La situación afecta tanto a trabajadores activos como a jubilados, profundizando el conflicto laboral.

A principios de este año, la Justicia de Rafaela ya había dispuesto una intervención parcial para hacer frente a incumplimientos laborales, previsionales y fiscales. En esa oportunidad, se designó un coadministrador judicial con el fin de aumentar la transparencia y proteger los derechos de los acreedores.

Con la reciente ratificación, la Justicia busca frenar maniobras dilatorias, garantizar el acceso a información clave y encauzar el proceso concursal para conocer con mayor exactitud la real situación de SanCor. La coadministración judicial impone un control más estricto en una empresa que fue referente del sector lácteo y hoy atraviesa una crisis profunda y prolongada.