El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias que comenzarán este 1 de febrero y que tendrán lugar hasta el 27, donde buscará tratar temas que considera esenciales antes del inicio de las ordinarias, el 1 de marzo.
Se espera que durante estos días se realicen reuniones con diferentes bloques (aliados y opositores) y gobernadores para buscar consensos de cara a la apertura de sesiones de comienzos del mes que viene, donde el presidente Javier Milei deberá dar su discurso ante el Parlamento con un informe de su gestión.
Cuáles son los puntos que el Gobierno busca que se debatan
En primer lugar, la Reforma Laboral aparece como el principal objetivo del Ejecutivo. Mientras desde la gestión encabezada por el presidente Javier Milei defienden la iniciativa con la idea de generar empleo formal, los sindicatos ya advirtieron que rechazan el proyecto y, por ejemplo, la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que entre los diferentes gremialistas existen contactos de cara al tratamiento, aunque -por el momento- descartaron un paro nacional.
Sin embargo, diferentes gremios como la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM), ATE, las dos CTA, Aceiteros, Viales, Marítimos y Pilotos, entre otros, ya adelantaron que realizarán un cese total de actividades, aunque no se descarta que se tome la decisión de un paro general y una posible judicialización si logra sortear el Senado. En ese sentido, se está moviendo el peronismo.
Otro de los temas que promete un profundo debate es el de la baja de edad de imputabilidad, más conocido como Régimen Penal Juvenil, que busca llevarlo a los 13 años. esta iniciativa busca que adolescentes que hoy son considerados no punibles puedan enfrentar procesos penales y condenas efectivas de hasta 15 años de prisión para delitos considerados de gravedad. Mientras el Gobierno defiende esto último, sectores de la oposición y asociaciones de Derechos Humanos argumentan que debe ponerse el foco en la contención social y se muestran contrarios al proyecto.
Por su parte, la Ley de Glaciares se da en un contexto especial. Con gran parte de la Patagonia en llamas, la propuesta busca reformar la norma vigente, flexibilizando la protección ambiental en zonas cercanas a los glaciares, pero sin hielo permanente y permitir la explotación minera y de hidrocarburos en zonas donde está restringido en la actualidad.
