Tras meses de postergación por razones presupuestarias, el Gobierno Nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793). La decisión, publicada en el Boletín Oficial, surge como respuesta directa a una sentencia de la Justicia Federal que obligó al Estado a implementar la norma de manera inmediata para garantizar tratamientos y coberturas esenciales.
La emergencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga anual. El nuevo marco regulatorio busca ordenar los criterios de asignación de recursos y fortalecer el control sobre el sistema de prestaciones y pensiones.
El conflicto judicial que destrabó la norma
Aunque el Congreso aprobó la ley en julio de 2025, el Ejecutivo mantuvo suspendida su aplicación bajo el argumento de falta de partidas presupuestarias. Esta inacción motivó una presentación judicial que culminó en un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
El magistrado determinó que el desfinanciamiento del sector ponía en riesgo derechos constitucionales e internacionales. A pesar de las apelaciones oficiales, la presión de la Justicia, que incluso habilitó la feria judicial para supervisar el cumplimiento, aceleró la publicación del decreto reglamentario firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros.
Reestructuración de pensiones y auditorías estrictas
Uno de los puntos centrales del Decreto 84/2026 es la transformación del sistema de pensiones. Los cambios más destacados incluyen:
- Conversión de oficio: Las pensiones otorgadas antes de la sanción de la ley pasan a denominarse "Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social", lo que implica un proceso de verificación de datos y requisitos.
- Nuevos criterios de acceso: El decreto define pautas específicas de permanencia e incompatibilidades para los beneficiarios.
- Plan de auditorías: La Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud, dispone de un plazo de 30 días para presentar un esquema de controles periódicos sobre el sistema.
La reglamentación instruye a la cartera conducida por Mario Lugones a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para unificar los criterios de evaluación socioeconómica en todo el país. Además, se establecen mecanismos de cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
En los considerandos del decreto, el Gobierno aclaró que la medida busca dar "precisión operativa" y "fortalecer la integridad institucional", aunque evitó consentir los fundamentos de la sentencia judicial que forzó la implementación.
