En la madrugada del miércoles 4 de febrero, se habría producido en Caracas un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (SEBIN) y el FBI de Estados Unidos que terminó con la detención de Alex Saab, señalado como uno de los principales operadores financieros de de Nicolás Maduro y el chavismo.
La captura, que todavía no cuenta con confirmación oficial de las autoridades venezolanas ni estadounidenses, se dio en un momento de intensos movimientos políticos y judiciales en torno a Saab, cuyo nombre ha estado vinculado a acusaciones de corrupción y lavado de dinero durante años.
Alex Saab, empresario colombiano-venezolano, fue identificado como un actor clave en contratos estatales y programas de importación de alimentos y obras públicas bajo el régimen de Nicolás Maduro. Su historial incluye haber sido detenido en 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permaneció preso más de tres años antes de ser liberado en 2023 en un intercambio de prisioneros.
Tras su regreso a Venezuela, Saab ocupó cargos oficiales, entre ellos el de ministro de Industria y Producción Nacional, hasta que fue reemplazado semanas atrás durante una renovación del gabinete impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Según fuentes citadas por medios colombianos, la detención habría ocurrido alrededor de las 2:30 a. m. en Caracas y también involucraría al empresario Raúl Gorrín Belisario, otro personaje vinculado al chavismo con procesos legales pendientes en Estados Unidos.
Si esta detención se confirma y se avanza con una extradición, Saab enfrentaría en tribunales estadounidenses cargos por lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita, delitos por los cuales ya fue procesado anteriormente.
Este episodio reaviva la discusión sobre la cooperación entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos, así como sobre el uso de procesos judiciales para perseguir casos de corrupción que cruzan fronteras.
Por ahora, tanto el gobierno venezolano como el Departamento de Justicia estadounidense mantienen silencio oficial sobre el operativo y las posibles consecuencias legales, lo que mantiene la información en un estado de versiones preliminares basadas en fuentes de inteligencia.
